domingo, 8 de septiembre de 2024
Creen que es una práctica muy lesiva 10/11/2016junio 7th, 2017

Ecologistas en Acción ha emitido un comunicado en el que piden que las comunidades autónomas supriman la caza intensiva, ya que aseguran que «atenta cada vez más contra la biodiversidad y el bienestar animal». Añaden que esta práctica «va a crecer en Castilla-La Mancha, incluso en espacios protegidos, si termina de implantarse la figura del cuartel de caza comercial derivada de la vigente ley de caza».

A juicio de los ecologistas, «los intensivos son responsables de casos muy grave de veneno y de muerte de especies protegidas y de que se usen los métodos más peligrosos de control de predadores, como los alares,  actualmente hay en Castilla-La Mancha del orden de 287 cotos intensivos o cuarteles de caza comercial, cuando en España había poco más de 600 en 2013». Por ello piden a la Junta que «retire esta figura de la ley de caza en el proceso de reforma en marcha».


«La caza intensiva, basada en la suelta de animales criados en granjas, está creciendo exponencialmente en España en los últimos años. Muy particularmente en las comunidades autónomas del centro y sur peninsular, tales como Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Extremadura y Castilla y León», prosiguen.

Añaden que el crecimiento de este tipo de caza ha sido tan grande que ya se da muerte a más perdices rojas “de bote” o criadas en granjas que naturales». Y aseguran que «según datos del último Anuario de Estadística Forestal publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2013, en España se cazaron 2.423.519 perdices en total, mientras que se soltaron del orden de 1.352.058, es decir, las sueltas equivalen al 55,7 % del total de ejemplares cazados, asimismo se mataron más de 104.000 faisanes, todos procedentes de sueltas».

Para Ecologistas en Acción, «la desproporción entre lo que se caza en las zonas intensivas y lo que se caza en el resto de espacios aumenta cuando se observa que las primeras ocupan el 1 % de la superficie total de zonas de caza en España y suponen un 2% del total de espacios acotados».

Sin embargo, añaden, «su impacto en términos de daños a la biodiversidad y al bienestar animal se multiplica, ya que estos cotos actúan como sumideros de especies protegidas y no protegidas debido a las malas prácticas que los caracterizan,  producen un efecto contagio en la mala gestión del resto de cotos y, además, han forzado cambios normativos que los promueven a la par que reducen los controles ambientales». «Así ha ocurrido, por ejemplo», insisten, «con la Ley de Caza de Castilla-La Mancha aprobada en marzo de 2015, donde el lobby de los intensivos ha forzado un cambio a su favor sin precedentes introduciendo la figura del cuartel de caza comercial». 

MALAS PRÁCTICAS

Según la denuncia ecologista, «las malas prácticas que se dan en la caza intensiva son numerosas, pero las más destacadas son las que tienen que ver con la utilización de medios legales e ilegales de control de predadores, tales como lazos, cajas-trampa o veneno; la caza masiva y el tiro al blanco que se ejerce sobre los animales de granja, que se matan por cientos cuando no por miles en una sola jornada de caza; y la dispersión brutal de plomo en el medio natural que provoca el uso de la munición».

Y aseguran que en los cotos intensivos se permite cazar fuera de la temporada general de caza, en época de reproducción o de paso migratorio, y se suelen realizar numerosas infraestructuras impactantes para darles servicio, tales como grandes caseríos y palacetes, una densa red de caminos y pistas, vallados que cercan la finca y hasta aeropuertos privados.

Acto seguido Ecologistas en Acción dan varios ejemplos «del perjuicio que provocan los cotos intensivos en la biodiversidad, que los hay numerosos y muy recientes». 

«Pero lo malo», matizan, «no son solo las actuaciones ilegales, también las legales son más que peligrosas».

«LAS ADMINISTRACIONES FOMENTAN LA CAZA INTENSIVA»

Subrayan asimismo los ecologistas que «los daños de los intensivos en la biodiversidad están acreditados por numerosos estudios» y añaden que «a pesar de las evidencias, las administraciones no solo se muestran reacias a prohibir la caza intensiva, sino que cada día la fomentan más, con normativas cada vez más permisivas y con una ausencia de vigilancia flagrante, la presión del lobby que maneja este negocio es tal que llegar incluso a acallar las voces de otros sectores cinegéticos que dicen sentirse perjudicados por este tipo de caza, a la que acusan de haber acabado con la perdiz autóctona».

«La caza intensiva que se ejerce en los cotos intensivos, en los cuarteles de caza comercial o en los llamados escenarios de caza no puede permitirse de ninguna manera, y es hora de que las administraciones responsables la prohíban de una vez por todas. Solo una débil justificación economicista que beneficia a unos pocos hace que se mantenga una práctica dañina y perjudicial en todos los sentidos», concluyen.

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