Ecologistas en Acción ha participado en la jornada anual en defensa de los caminos públicos, organizada por la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) de la que forman parte, y que se ha celebrado en Argamasilla de Alba (Ciudad Real).
Además de que varios colectivos ambientales, senderistas, ciclistas y de ámbito cultural denuncian el cierre de caminos públicos, a juicio de Ecologistas en Acción en CLM, el artículo más problemático de la ley de caza es el 27.m, que penaliza como sanción muy grave, con entre 3.000 y 30.000 euros de multa, a quien pueda espantar a la caza, aunque sea inadvertidamente o como resultado de llevar a cabo actividades recreativas o de recolección permitidas. En este sentido, reclaman su «inmediata eliminación sin esperar a que haya una nueva ley de caza».
Diversos colectivos ambientales, senderistas, ciclistas y de ámbito cultural denuncian el cierre de caminos públicos, en todo el Estado español, por parte de grandes propietarios con total impunidad y ante la inacción de las administraciones públicas que permiten esta práctica.
La PICP llama la atención sobre la situación que están generando los propietarios de los grandes cotos de caza. Si hasta hace unos años era Andalucía la comunidad autónoma que más kilómetros de caminos públicos cerrados contaba, es ahora Castilla-La Mancha, y en concreto, Ciudad Real, la provincia que sufre un cierre masivo de caminos públicos por parte de grandes propietarios. Los defensores de los caminos públicos señalan también que la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, aprobada por el anterior gobierno regional de María Dolores de Cospedal, viola el artículo 45 de la Constitución y antepone una actividad privada como es el negocio de la caza, y de los grandes cotos, al derecho fundamental del ciudadano al libre tránsito en el medio natural y a disfrutar del medio natural sin peligro de ser injustamente sancionado. Por ello, esta organización pide al nuevo gobierno de Emiliano García-Page la derogación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha.
A juicio de Ecologistas en Acción el artículo más problemático de la ley de caza es el 27.m, que penaliza como sanción muy grave, con entre 3.000 y 30.000 euros de multa, a quien pueda espantar a la caza, aunque sea inadvertidamente o como resultado de llevar a cabo actividades recreativas o de recolección permitidas. En este sentido, se reclama su inmediata eliminación sin esperar a que haya una nueva ley de caza.
Al mismo tiempo, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, de la que forma parte Ecologistas en Acción, insta a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales, el 20 de diciembre, a incluir en su programa electoral la defensa de los caminos públicos y el compromiso de intervenir ante el expolio de este patrimonio, no sólo ambiental, sino cultural e histórico que son nuestros caminos públicos.
«CADA VEZ SE CIERRA MÁS EL PASO A LOS PASEANTES POR EL CAMPO»
Por otro lado, todos los colectivos que han participado en las jornadas de la PICP coinciden en que cada vez más se cierra el paso por los caminos públicos a cualquier persona que desee circular por el campo. Terratenientes y grandes propietarios de fincas, y también pequeños propietarios en algunos casos, prohíben el paso y ponen puertas y candados en los caminos públicos e impiden el libre tránsito en el medio natural.
Las organizaciones en defensa de los caminos públicos recuerdan que la ley señala que estas vías públicas, ya sean vías pecuarias, caminos públicos y también el dominio público hidráulico están contempladas en la ley como bienes patrimonio de todos y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Además, el artículo 45 de la Constitución, reconoce el derecho fundamental a disfrutar del medio natural y el deber de conservarlo.
Los colectivos que integran esta plataforma solicitan también a los ayuntamientos que lleven a cabo el inventario de los caminos públicos de su municipio como primer paso para proteger estas vías públicas.
La PiCP está formada por diversos grupos de defensa de los caminos públicos de Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid y País Vasco. En esta edición, las jornadas en defensa de los caminos han contado con la asistencia de más de 80 personas, activistas de organizaciones senderistas, ciclistas y ecologistas llegados de todo el Estado español, sobre todo de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid.