La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, tiene la tutela legal sobre personas mayores de edad que están incapacitadas judicialmente. Éste servicio se gestiona a través de cinco fundaciones que cuentan con una financiación de más de dos millones de euros. Las personas tuteladas han aumentado en los últimos años debido, entre otras causas, a la desprotección de las personas como consecuencia de las dificultadaes económicas por las que atraviesan algunas familias, lo que puede derivar en el maltrato económico a los mayores. Los casos son muy diversos y para luchar contra esta realidad existe un protocolo que funciona y se imparten jornadas formativas para intentar prevenir antes de que se produzcan.
Todo sucedió en la provincia de Guadalajara. El caso está denunciado. Al parecer una mujer «se enamoró» de un abuelo, cuya esposa tenía alzheimer, y él creyó en las palabras de la joven. La historia acaba con un final un tanto dramático porque los ahorros de toda la vida de los ancianos, unos 60.000 euros, desaparecieron.
Éste es un caso de maltrato económico en Castilla-La Mancha. Hay más, si bien la situación «no es alarmante», comentaba la presidenta de la Fundación Mayores de Guadalajara, Carmen Hombrados, quien destacaba que «éste es el momento para frenar este tipo de situaciones» y evitar que vaya a más.
Desde la Fundación que preside Carmen, encargada de la tutela de personas mayores que padecen algún tipo de enfermedad que les incapacita para gobernarse, han observado un aumento de lo que denominan maltrato económico. «Este hecho lo atribuimos a una doble crisis. Por un lado, la crisis económica que hace que las personas mayores sean a veces el recurso económico de familiares, acompañantes y demás; y la crisis de valores que hace que ante personas en situación de gran vulnerabilidad, como son nuestros tutelados (mayores y con una enfermedad incapacitante), sean el objeto de diferentes formas de este maltrato, sirviéndose normalmente de una relación de confianza».
«CASOS MUY PUNTUALES», PERO PREOCUPANTES
De las 914 personas tuteladas por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la región, servicio que se gestiona a través de cinco fundaciones (la de Mayores, Futucam, la Fundación Madre, Fundace, la Fundación Familiar y la Fundación Socionsanitaria), no todas han padecido maltrato económico. «Son casos muy puntuales», asegura Carmen, quien destaca que «hay que empezar a informar de esta situación para que las personas mayores sean conscientes de lo que puede pasar».
El número de personas tuteladas ha aumentado en un 30 por 100 desde 2011. De las 914, el 66,5 por 100 está en residencia pública o concertada; el 13,35 por 100, en residencia privada; y el 20,13 por 100, en el domicilio. En general, hay más hombres bajo tutela (el 57 por 100) que mujeres (43 por 100), según los datos de la Consejería.
LA CUIDADORA «SOSPECHOSA»
En cuanto al maltrato económico, hay todo un protocolo establecido que se pone en marcha en cuanto se tiene conocimiento de que una persona de estas características puede estar viviendo esa situación. El objetivo es proteger sus bienes y que puedan tener una calidad de vida adecuada.
De esta forma se evitarían casos como el de la cuidadora que «no era de confianza». De hecho, se detectaron «conductas muy sospechosas» y cuando se intentó echar de la vida de estas personas «tuvimos que contar con la ayuda del juzgado y de la policía de la localidad».
EL ABUELO QUE AYUDABA A LA FAMILIA Y TENÍA QUE PEDIR PARA COMER
Algunas familias también suelen «aprovecharse» económicamente de los mayores. Uno de los casos que han vivido en la Fundación es el de un abuelo que le daba todo a su familia y él tenía que pedir para poder hacer frente a los pagos básicos de alimentación o electricidad.
CUANDO UN MAYOR DEJA DE SER APTO
Que una persona sea o no apta para gobernarse lo determina el Fiscal. «No son aptos cuando se les margina totalmente en una casa, viviendo solos y una señora les atiende en malas condiciones. El mayor tiene que tener vida digna, calidad de vida y que se respete sus derechos», señalaba Carmen.
Desde la Fundación Mayores se están realizando jornadas de formación para profesionales donde se les explica los mecanismos que existen para proteger a estas personas. Precisamente, la tutela es uno de estos mecanismos «siempre que las personas estén en situación de incapacidad».
Para la incapacidad «es necesario que se promueva un proceso judicial, mientras esto se tramita, se solicitan medidas cautelares» para proteger los bienes como, por ejemplo, bloqueos de cuentas bancarias o el nombramiento de un administrador provisional.
Suele ser un tramite largo que provoca que cuando llega la Fundación para hacerse cargo de la persona mayor, ésta puede estar viviendo de la caridad y la Fundación se hace cargo de ella hasta el día de su muerte, momento en el que incluso muchos hijos «ni aparecen».
LA TUTELA Y EL APOYO DE LA JUNTA
Carmen destacaba que en este trabajo de tutela han conseguido el apoyo de la Junta, que «cree en nosotros». Una labor que permite cuidar a personas que viven situaciones del tipo «yo te cuido y me quedo con tu piso», y que se enfrentan en muchos casos a la completa ruina.
Carmen recuerda que no es maltrato solo el que pega, también lo es «no permitirles disponer ni de un euro ni de libertad».
Pese a todo, en la actualidad, la situación «está controlada» y existe un protocolo, que funciona, «para erradicar» los casos que vayan surgiendo.