El Cermi de Castilla-La Mancha, que aglutina a 200.000 personas y más de 200 asociaciones, ha reivindicado el desarrollo de la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por unanimidad en 2014 y ha enfatizado que las leyes están «para cumplirlas y hacerlas cumplir».
Un momento de la reunión en comisión del Cermi en las Cortes.
El presidente nacional del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, y la presidenta autonómica, Cristina Gómez Palomo, han comparecido hoy en la Comisión Permanente no Legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad de las Cortes de Castilla-La Mancha y han pedido políticas públicas «vigorosas» en el ámbito de la discapacidad.
Gómez Palomo ha recordado que el Cermi trabajó «intensamente» en la elaboración de esta ley, que debe cumplirse porque si las leyes «no son adecuadas o no nos gustan, o las cambiamos o las derogamos, o de lo contrario se convierten en instrumentos inútiles», ha lamentado.
Los dos representantes de CERMI también han pedido que los derechos sociales de las personas con discapacidad se incluyan en la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y, en particular, Cayo ha señalado que lo que haga esta comunidad «será un antecedente» a tener en cuenta en otras regiones y en la «inaplazable reforma» de la Constitución.
CRITICAN «EL DAÑO A LA ONCE Y A LOS DISCAPACITADOS DEL JUEGO ILEGAL»
Por otro lado, Cristina Gómez Palomo ha lamentado hoy el daño que a la ONCE y a las personas con discapacidad se realiza desde una organización de juego «ilegal» cuya imprenta está en la región.
Gómez Palomo y el presidente nacional del CERMI, Luis Cayo, han comparecido hoy en la Comisión Permanente no Legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad de las Cortes de Castilla-La Mancha.
La presidenta autonómica de esta organización que aglutina a 200.000 personas y más de 200 asociaciones, ha explicado en su intervención que han trasladado al Gobierno regional su «preocupación» por el juego «ilegal», que ha definido como un «cáncer» que, además, está vinculado a la región por la imprenta que elabora los cupones (situada en Talavera de la Reina).
Ha defendido el trabajo de la ONCE para las personas con discapacidad y ha lamentado, especialmente, que «personalmente me duele ver a personas con discapacidad de las que se están aprovechando de su imagen para el juego ilegal».
Cristina Gómez Palomo también ha dicho en la Comisión que les han informado del inicio de una vía de sanción administrativa contra la citada actividad.