El Colegio de Abogados de Toledo, la Universidad Complutense de Madrid y los ayuntamientos de Torredembarra (Tarragona), Langreo (Asturias) y Leganés (Madrid) son consideradas por el Defensor del Pueblo como «administraciones entorpecedoras» de su labor por obstaculizar sus investigaciones. Así consta en el informe anual del Defensor del Pueblo, que recuerda que las administraciones están obligadas a contestar sobre la «información que precisa para sus investigaciones» y lamenta que en ocasiones «esta respuesta no es siempre inmediata y en algunos casos, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse». Las administraciones consideradas entorpecedoras son aquellas que han «dificultado u obstaculizado la labor del Defensor del Pueblo de manera sistemática», recoge el informe de 2012.
En el mes de diciembre del año pasado, la Defensora del Pueblo, Soledad Bacerril, puso en conocimiento del fiscal general del Estado la relación de administraciones que no le habían respondido, que a finales de año eran ocho, de las que tres sí contestaron finalmente: el Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid), el de Arona (Santa Cruz de Tenerife) y la Conselleria valenciana de Infraestructuras y Transportes.
De las cinco administraciones que «a pesar de los esfuerzos no han remitido las obligadas contestaciones», la Defensora destaca la «actitud» del Colegio de Abogados de Toledo -al que en 2011 ya se citó como «entorpecedor»- que respondió que no había contestado porque consideraba que los requerimientos no tenían «sentido» ni «relevancia alguna».
Además, el informe menciona hasta un total de 18 entidades locales que «no han contestado a una solicitud de información después de habérselas requerido hasta en tres ocasiones», ningún departamento estatal, y dos autonómicos: la Consejería madrileña de Transportes y la Dirección General de Protección del Menor y la Familia de Canarias.
Se trata de los ayuntamientos de Alboraya y Xeraco (Valencia), Barruelo de Santullán (Palencia), Cabrerizos (Salamanca), Castalla y Pilar de la Horadada (Alicante), Covaleda (Soria), Esplegares (Guadalajara), La Oliva (Las Palmas), Lucillos, Sonseca y Pelahustán (Toledo), Manzanares el Real y Robledo de Chavela (Madrid), Pollença (Baleares), Salas (Asturias), Teguise (Las Palmas) y Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).
Otras entidades que se citan como no colaboradoras son la Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento -que contesta usualmente «con retraso»-, la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de Madrid, y el Ayuntamiento de Robledo de Chavela (Madrid).
El informe también cita que tras la supresión del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, sus quejas fueron transferidas a esta institución y algunas administraciones se han retrasado en responder a los requerimientos del Defensor del Pueblo, lo que ha motivado una demora en la tramitación de dichas quejas.
ALERTA SOBRE RETRASOS EN LA SUSTITUCIÓN DE PROFESORES DE BAJA
Soledad Becerril ha mostrado su preocupación sobre el retraso en la sustitución del profesorado de baja, una práctica, según afirma, que ha sido usual en determinadas CCAA durante el año pasado y que puede ocasionar que los alumnos no reciban una atención educativa adecuada.
En el informe anual 2012 de esta institución, Becerril ha destacado las quejas recibidas sobre el «tiempo excesivo» que dejan transcurrir las administraciones desde que un profesor causa baja temporal en un centro hasta que es sustituido.
El no contar los centros con la plantilla completa de profesores, aunque sea por la actual crisis económica, ha ocasionado quejas, especialmente en Castilla-La Mancha y, en menor medida, en las comunidades valenciana y madrileña.
También ha reiterado la necesidad de conseguir «acuerdos mínimos» para la próxima reforma educativa y ha propuesto que se incluyan medidas financieras para que su puesta en marcha y su desarrollo estén garantizados a pesar de la crisis.
Los recortes en inversión educativa han ocasionado otras quejas como las relativas al retraso en los programas de construcciones escolares, ya que en 2012 no se han solucionado algunas instalaciones precarias o la ampliación de otras, lo que ha conllevado una insuficiente oferta de plazas educativas.
Asimismo, ha recibido un «elevadísimo número de quejas» sobre el incremento de los precios académicos universitarios, y ha enfatizado la necesidad de que ese aumento se acompañe de un sistema de exenciones basado en la capacidad económica del estudiante que propicie la igualdad de oportunidades.
Sin embargo, ha asegurado que las medidas de austeridad en el ámbito educativo adoptadas por el Gobierno y las CCAA «en principio y por sí mismas no infringen el ordenamiento jurídico y, por tanto, no pueden considerarse irregulares».
Ha subrayado que se debe establecer un adecuado régimen de disciplina académica en las universidades y que la crisis no debe parar la planificación de las universidades, como ha podido ocurrir con la reducción de ayudas para la Formación del Profesorado Universitario, y ha valorado «positivamente» que se sigan manteniendo las becas Erasmus en el ejercicio 2013.
Ha habido, además, quejas sobre el cierre de colegios en núcleos rurales -en Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia-, sobre el incremento de los precios en las escuelas infantiles y casas de niños dependientes de la Comunidad de Madrid, así como el hecho de que esta autonomía no se haya mostrado dispuesta a incluir en las normas de admisión de alumnos, como se le sugirió, la no discriminación por razones personales y sociales.