El Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, ha informado favorablemente por amplía mayoría, con dos votos en contra, el Plan Hidrológico de cuenca en la Demarcación del río Guadiana en su parte española, por lo que ha acordado remitirlo al Gobierno para su aprobación.
En el Consejo del Agua están representadas la Administración General del Estado, comunidades autónomas, y entidades locales con competencias en el ámbito de la cuenca; además de usuarios y diversas asociaciones y organizaciones de defensa de intereses ambientales, económicos y sociales relacionados con el agua.
Según ha informado la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el Plan había sido sometido previamente a un «intenso» proceso de participación pública, una consulta oficial de seis meses, y había recibido la conformidad del Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación.
El Plan Hidrológico constituye el elemento básico de gestión de una Demarcación Hidrográfica, y su aprobación obedece a la obligatoriedad que establece la Directiva Marco de Agua y la legislación española.
Entre sus objetivos generales están conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas, que son nuevos objetivos requeridos por la Directiva Marco del Agua.
Estos objetivos deben ser compatibles con los de atención de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, que son los fines tradicionales de la planificación española.
Para su consecución, el Proyecto de Plan Hidrológico dispone de una normativa que regirá la gestión del agua en la cuenca, caracterizará las masas de agua, determina las demandas de recursos y definirá los caudales ambientales.
También recoge el inventariado de las zonas protegidas, define un amplio programa de medidas para la consecución de los objetivos ambientales de buen estado de las masas de agua y de atención a las demandas.
Una vez remitido al Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el Plan se someterá a la consideración del Consejo Nacional del Agua para, posteriormente, ser aprobado mediante Real Decreto, por el Gobierno de España.