La Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera ha recalcado en un comunicado que la sentencia conocida ayer por el Tribunal Constitucional, «que deja sin efecto buena parte de lo pactado en el Memorándum de entendimiento entre comunidades autónomas para trocear y repartirse el Tajo», no es un mero formulismo «a solucionar con urgencia, como intenta hacer creer el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sino que incide en que no es posible hacer una política de aguas nacional sin atender los requerimientos de las cuencas hidrográficas que sufren trasvases y no consultar a las comunidades autónomas que resultan afectadas por las demarcaciones hidrógráficas trasvasadas, en este caso la del Tajo».
Una sentencia, la del Constitucional, a resultas del recurso que interpusieron las Cortes de Aragón a las enmiendas de Ley de Impacto Ambiental que incorporaban los contenidos del Memorándum del Tajo.
Y que anula, por ejemplo, la nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, «incluidos la elevación de la reserva de 240 a 400 hectómetros cúbicos o la disposición que escalonaba la entrada en vigor del nuevo umbral hasta los 400 hectómetros cúbicos en varios años».
También que las aguas del trasvase «deben ser sustituidas por desaladoras. Y ya. O la disposición final tercera, que declaraba alegremente como excedentarias todas las existencias por encima de los 400 hectómetros cúbicos en Entrepeñas y Buendía, y que por tanto se podían trasvasar».
EL CONSTITUCIONAL DEJA EN VIGOR DOS ASPECTOS MUY NEGATIVOS PARA EL TAJO
Por contra, la Plataforma insiste en que la sentencia del Tribunal Constitucional «deja en vigor dos aspectos muy negativos para el Tajo (y para el Ebro, que es lo que interesaba al Gobierno de Aragón), como es la disposición que autoriza los contratos de cesión entre diferentes cuencas hidrográficas, el mercadeo de agua; y la que exigía establecer unos desembalses de referencia en la cuenca del Tajo, que deben ser aprobados y controlados por la Dirección General del Agua».
Además, lamentan «el vergonzoso papel jugado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, con su presidenta Cospedal a la cabeza, porque ha tenido que ser el Gobierno de Aragón, con una ínfima parte de su territorio en la cuenca del Tajo, el que haya litigado ante el Estado, y haya arrancado esta sentencia del Constitucional, por lo que exigimos a la presidenta de Castilla-La Mancha un cambio de rumbo a su errática y entreguista política de aguas, y que se ponga a trabajar en el nuevo plan del Tajo, para enmendar en lo posible la situación del río, de su cabecera agotada por los trasvases y del patético estado ambiental y ecológico del tramo medio del río entre la cabecera y Talavera».