El Defensor del Pueblo ha pedido a la Fiscalía General del Estado que valore si es de aplicación el artículo 502.2 del Código Penal ante «la actitud no colaboradora» de 11 ayuntamientos que «obstaculizan» el trabajo de la institución, entre ellos El Viso de San Juan y Gerindote, en Toledo.
Estos municipios son los de Colmenar de Oreja (Madrid), Cadaqués (Girona), Molvízar (Granada), Macael (Almería), Nerja (Málaga), Mazarrón (Murcia), La Unión (Murcia), El Viso de San Juan (Toledo), Gerindote (Toledo), La Pola de Gordón (León) y Barruelo de Santullán (Palencia).
Todas las administraciones tienen la obligación de responder al Defensor del Pueblo y de remitir la información solicitada. De no hacerlo, la institución puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, recuerda en un comunicado.
Con el municipio de El Viso de San Juan, el Defensor del Pueblo mantiene dos expedientes abiertos: uno por la falta de acceso rodado a una urbanización y otro por no haber dado copia de las actas de los plenos municipales a un ciudadano que así lo había pedido.
Asimismo, Gerindote recibió el último requerimiento en abril de 2015, en relación con una queja presentada por un ciudadano a quien este Ayuntamiento no contestó a su solicitud de información por la posible concesión irregular de una licencia urbanística.