El exalcalde de Seseña, Manuel Fuentes (IU), ha afirmado hoy que el Plan de Actuación Urbanística (PAU) de la urbanización El Quiñón se aprobó en el Pleno municipal del 8 de mayo de 2003 sin que la oposición conociera los informes de la Comisión Provincial de Urbanismo, que se celebró el 6 de mayo.
Fuentes ha declarado hoy como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Toledo contra el exalcalde socialista de Seseña, José Luis Martín, y cinco personas más -entre ellos, tres hijos del exregidor socialista- por un presunto delito de blanqueo de capitales, por lo que la Fiscalía pide cuatro años de prisión para el exalcalde y dos para los demás acusados.
Por su parte, la acusación particular, ejercida por IU -fue el exalcalde Manuel Fuentes quien presentó la primera querella ante la Fiscalía Anticorrupción en 2006- pide cuatro años de prisión para el exregidor socialista y tres años de cárcel para el resto, además de una multa en proporción al dinero blanqueado, que puede oscilar entre los 1,5 y 2 millones de euros.
En su declaración, Manuel Fuentes ha afirmado que Martín informó en el Pleno del Ayuntamiento de Seseña celebrado el 8 de mayo de 2003 de que dos días antes, es decir, el 6 de mayo, se había reunido con el entonces consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, en Toledo, quien le había dicho que «podía aprobarse el PAU» de El Quiñón.
Sin embargo, Fuentes ha denunciado que el día en que se celebró el Pleno de aprobación del PAU de El Quiñón, la oposición no conocía los informes de la Comisión Provincial de Urbanismo que daban el visto bueno a dicho desarrollo urbanístico y que éste fue uno de los motivos por los cuales toda la oposición votó en contra.
«Ese desarrollo urbanístico no encajaba en el pueblo, estaba lejos del núcleo urbano y, además, construir 13.000 viviendas era una barbaridad», ha resumido Fuentes, quien también ha recordado que se extrañó de que el Pleno extraordinario del 8 de mayo se celebrara a las 18:00 horas y no a las 20:00 horas, como era habitual en dichos plenos, y que además, estuviera presente el constructor Francisco Hernando, «El Pocero», que «llegó con el PSOE al Pleno».
Así, ha denunciado que a pesar de que la oposición protestó en varias ocasiones por la falta de información para aprobar el PAU de El Quiñón, el alcalde argumentó que dicha aprobación era beneficiosa para el municipio, así como un convenio mediante el cual el Consistorio cedía el 10 por 100 de los aprovechamientos urbanísticos a cambio de 260 viviendas para el municipio.
También ha declarado hoy el que fuera delegado provincial de Urbanismo y actual alcalde de Villacañas, Santiago García Aranda, quien ha dicho que el exconsejero de Obras Públicas le pidió que «tuviera especial cuidado» en la tramitación del PAU de El Quiñón, una advertencia que se debió a que «nunca se había llevado a cabo una actuación similar, nunca se había tramitado un PAU de 13.000 viviendas y quería que saliera todo de modo correcto y que no se cometiera ningún error legal».
García Aranda también ha sido preguntado por la reunión que se celebró el 6 de mayo de 2003 en la Consejería de Obras Públicas, un encuentro al que acudió porque, según ha dicho, le convocó Gil el día anterior por la tarde para que aclarara algunas dudas relativas a la recepción de obras del PAU y si esto se podía hacer de forma simultánea a la tramitación del Plan Especial de Infraestructuras, que era obligatorio debido a la envergadura de El Quiñón.
En dicha reunión, ha afirmado, estuvieron, además de él mismo, Gil, Martín y Hernando.
Además, ha aclarado que el informe de la reunión de la Comisión Provincial de Urbanismo celebrada el 6 de mayo y que se aprobó en Pleno dos días después se remitió por fax al Ayuntamiento de Seseña porque «el consejero indicó que se anticipase la información del acuerdo por fax», un trámite que, ha dicho, «a veces ocurría».
También han sido citados a declarar el exconcejal de Cultura en el Ayuntamiento de Seseña desde 1999 a 2003 y la que en esa época fue portavoz del PP en el Ayuntamiento, Isabel Domínguez, quien ha coincidido con Fuentes al señalar que, el día en que se aprobó el PAU de El Quiñón, la oposición no tenía toda la documentación relativa a este asunto.
Las declaraciones de los imputados se produjeron ayer, tal y como ha informado a los medios de comunicación el representante de la acusación particular, Juan Ramón Crespo, quien ha destacado que «lo más destacable es el escaso conocimiento jurídico y técnico que Martín tenía como alcalde», por lo que argumentó que «se dejó llevar» por los técnicos.
Con todo, ha apuntado que se tienen sospechas de que en este caso se han podido blanquear 1,5 o 2 millones de euros, al tiempo que ha explicado que en este juicio también se deberá dilucidar el origen del dinero.