El Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado la formalización con Globalcaja de un préstamo por importe de 60 millones de euros.
El acuerdo ha sido firmado por el consejero de Hacienda de la Junta de Comunidades, Arturo Romaní, y el presidente de Globalcaja, Luis Díaz Zarco, en la sede de la consejería de Hacienda.
El consejero de Hacienda, Arturo Romaní, ha trasladado al presidente de Globalcaja su agradecimiento por esta operación financiera en unos momentos difíciles para la región y que supone un paso importante para que Castilla-La Mancha pueda iniciar la senda del crecimiento económico y la creación de empleo.
Por su parte, el presidente de Globalcaja, Luis Díaz Zarco, ha señalado que este crédito reafirma «el compromiso de la caja con el desarrollo de Castilla-La Mancha y su estrecha colaboración con el Gobierno regional». El presidente de la entidad financiera ha afirmado que Globalcaja quiere ser «cómplice» del Gobierno regional para todos los proyectos que se tienen que ir poniendo en marcha en el futuro, y ha asegurado que «seguirá apoyando al Gobierno a través de todos los mecanismos a su alcance».
La falta de liquidez es el principal problema de la economía regional, pues, debido al elevado déficit público heredado del anterior Gobierno, la Junta ha encontrado muchos problemas para financiarse en los mercados.
Sin embargo, esta situación ha comenzado a cambiar ya que, desde el Gobierno central se ha autorizado a la región a endeudarse a largo plazo (una posibilidad que tenía vetada desde hace meses), gracias a las importantes medidas de ahorro que ha puesto en marcha el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha entendido que Castilla-La Mancha está en la senda de la recuperación y que será capaz de devolver los préstamos y de atajar el grave déficit público que atenaza las cuentas de la región.
A la autorización de endeudamiento a largo plazo se une otra medida esencial para revitalizar la economía regional: el mecanismo de pago a proveedores, al que el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha unido voluntariamente y que permitirá afrontar las deudas pendientes por importe de 2.500 millones.