El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el proyecto de ley que impedirá la práctica del fracking (fracturación hidráulica que se emplea para aumentar la extracción de gas o petróleo del subsuelo) en Castilla-La Mancha. Proyecto que ahora tendrá que ser validado por las Cortes regionales para que sea efectivo, tal y como ha señalado hoy en rueda de prensa el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.
Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
«En la práctica se impide esta técnica en Castilla-La Mancha, y ahora los grupos políticos se tendrán que poner de acuerdo para que se apruebe con el máximo consenso, cosa que estoy seguro que será así. Nosotros cumplimos un compromiso del presidente Emiliano García-Page, quien lo aseguró incluso antes de llegar al cargo».
Martínez Arroyo ha recalcado que a partir de ahora esperan que a nivel nacional «se den los pasos necesarios para que el fracking se prohíba en toda España, «pero en Castilla-La Mancha damos el paso necesario y dificultamos esta práctica, por lo que será muy difícil que aquí haya fracking».
El consejero ha insistido en que «es una práctica muy complejo y no se conocen todos sus efectos, y por lo tanto sus riesgos, por lo que nos ponemos de parte de la prudencia ante lo que puede ser la temeridad. Escuchamos a los ciudadanos y hemos sido sensibles con ellos», después de escuchar a las Plataformas del Campo de Montiel y de Albacete.
Respecto a los riesgos ha citado «la contaminación de las aguas» e incluso que pudieran existir «movimientos sísmicos, lo que nos hace ponernos de lado de la prudencia y apostamos por un modelo de desarrollo rural alternativo».
A partir de ahora y una vez que lo aprueben las Cortes regionales, la limitación definitiva podría llegar en 2019, pero mientras tanto en Castilla-La Mancha se impondrán una serie de requisitos medioambientales para aquellas empresas que quieran realizar fracking, que bien podría ser una alta garantía financiera ante los riesgos medioambientales que se pudieran causar, por lo que en la práctica las empresas no llevarán adelante sus proyectos.