El juzgado contencioso-administrativo número 1 de Toledo ha determinado la suspensión como medida cautelar del cierre del Centro de Día de Atención a Enfermos de Alzheimer ‘San José’ gestionado por la Diputación de Toledo.
En el auto, al que ha tenido acceso la agencia Efe, el juez acuerda la medida cautelar solicitada por el PSOE y suspende el acuerdo del pleno de la institución provincial del 28 de febrero de 2014 de cerrar este centro, que se aprobó con los únicos votos a favor del PP.
El grupo socialista de la Diputación de Toledo presentó el pasado 12 de marzo -a través de su portavoz, Álvaro Gutiérrez, y su presidente, Fernando Muñoz,- un recurso contencioso-administrativo contra el cierre que la Diputación pretendía materializar el próximo 31 de marzo.
El acuerdo pasaba por trasladar a los enfermos, un total de catorce, a otros centros de día de la Junta de Comunidades.
En el auto, el juez argumenta que dicta la suspensión cautelar del cierre del centro hasta que se dicte sentencia porque si se extingue el servicio y después el recurso es estimado, se podría producir «un situación difícilmente reversible», si se tienen en cuenta «las especiales características del servicio y de los usuarios del mismo, de avanzada edad y con graves patologías».
Sin embargo, continúa, no se puede considerar que el interés público de la Diputación provincial «pueda sufrir una perturbación grave» si se adopta la medida cautelar.
El juez afirma que, al contrario, su aplicación hará que «el interés» de «usuarios del servicio y familiares quede mejor protegido si se adopta la medida», pues «en la propia resolución impugnada se menciona que diversos familiares de usuarios han presentado escritos solicitando la continuidad del centro de día».
Además, argumenta que en la resolución adoptada por el pleno de la Diputación «no se expresa dónde van a ser reubicados cada uno de los usuarios, ni siquiera por remisión a algún informe anterior que pudiera obrar en el expediente».
El juez apunta que tampoco se remiten informes que valoren la idoneidad de cada centro de destino «conforme a las necesidades de cada usuario en concreto».
«Lo único que se dice en la resolución es que se notifica a los familiares de los usuarios y que éstos deberán dirigirse a los servicios periféricos de Toledo de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales para que les asigne plaza pública, sin mayor concreción», señala.
Por ello, determina que «no se puede estimar acreditada la afirmación de la Diputación sobre la inexistencia de perjuicios o, al menos, no se garantiza que no se van a producir».
Contra el auto, cabe interponer recursos de apelación en el plazo de quince días.
Por su parte, fuentes de la Diputación de Toledo han señalado en declaraciones a Efe que aún no se les ha notificado el auto, por lo que no han analizado su contenido.
No obstante, han mostrado su «respeto por todas las decisiones judiciales».