Unos 6.500 castellano-manchegos se beneficiarán durante 2017 del Plan contra la Pobreza Energética que ha puesto en marcha un año más el Gobierno regional y que realizará a través de Cruz Roja, después de la firma del convenio firmado esta mañana por la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez; y el presidente de Cruz Roja en Castilla-La Mancha, Jesús Esteban.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez; y el presidente de Cruz Roja en Castilla-La Mancha, Jesús Esteban, durante la firma del convenio.
En concreto, Cruz Roja realizará el pago de 150 euros, por indicación de los Servicios Sociales de Atención Primaria, y que este año va a ser durante todos los meses, no solo en el período invernal. Ayuda que servirá para apoyar a las familias que se encuentran en situación de pobreza severa en la cobertura de gastos de suministro energético.
Además, se flexibilizarán algunos requisitos de acceso a estas ayudas, porque aunque se seguirá exigiendo que la familia atendida tenga abierta su historia social en los Servicios Sociales de Atención Primaria, no se pedirá ninguna antigüedad mínima como el año pasado.
Un plan que está dirigido, de forma prioritaria, a familias que se encuentran en situación de pobreza severa con menores a cargo entre 0 y 16 años, y que este año amplía el concepto de excepcionalidad que permita el acceso de otras familias, que aunque no reúnan los requisitos, estén en situación de extrema necesidad por circunstancias personales, relaciones o ambientales de la unidad familiar.
8.492 PERSONAS RECIBIERON LA AYUDA EN CASTILLA-LA MANCHA EN 2016
En 2016 fueron 8.492 familias las que redibieron las ayudas económicas preventivas, mientras que 440 se beneficiaron de las medidas protectoras acordadas con las empresas suministradoras.
La consejera ha afirmado que para 2017 se ha previsto una pequeña disminución de solicitantes de la ayuda «porque queremos garantizar una renta mínima a todos los hogares en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social con la puesta en marcha del Plan de Garantías Ciudadanas».
Por lo que las personas en situación de pobreza o en riesgo van a tener prioridad en los planes de empleo, «porque hay una reserva del 25 por 100 de plazas para estas personas y así garantizar a estos hogares una estabilidad, una garantía de rentas mínimas durante todos los meses para que puedan tener esa calidad de vida mínima para sacar adelante a sus familias».