El PSOE de Castilla-La Mancha ha denunciado que el Gobierno regional «ha iniciado el proceso de desalojo de un número importante de familias de la comunidad autónoma, familias que son pobres de solemnidad y que están esperando a que Cospedal les dé un trabajo o saque un plan de empleo urgente».
En total, según ha contabilizado Cristina Maestre, portavoz del PSOE regional, la Consejería de Fomento, a través de sus servicios periféricos en las diferentes provincias, ha remitido una carta a 226 familias (faltan por contabilizar en esta cifra las de Guadalajara, que aún no concen a cuántas afecta) de la comunidad, «una macabra carta que está advirtiendo a estas familias para que en un mes desalojen las viviendas de protección oficial de la Junta en régimen de alquiler para personas con bajos ingresos y situaciones complicadas».
Las 226 familias se dividen, por provincias, de la siguiente forma: 101 en Ciudad Real, 66 en Albacete, 44 en Toledo y 15 en Cuenca.
Maestre lo ha calificado como «un inhumano gesto de Cospedal con las familias más empobrecidas de la región, que no tienen ingresos, llevan años en paro, no tienen dinero para dar de comer a sus hijos, para pagar la luz, el agua… Familias que viven en la extrema indigencia a las que han dicho que o pagan o se tienen que ir a la calle sin darles alternativas».
Con una salvedad, ya que la carta (que han facilidado a los periodistas durante la rueda de prensa) en su último párrafo dice lo siguiente: «No obstante, si usted atraviesa dificultades económicas y pertenece a algún colectivo de atención preferente, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el Decreto 31/2013, de 6/06/2013, de aplazamiento temporal de rentas de viviendas de promoción pública. Conforme a esta nueva normativa, puede usted solicitar a la Consejería de Fomento, en el plazo de un mes desde la recepción de esta comunicación, en el modelo oficial, el aplazamiento de la deuda durante 12 meses, y en su caso, también el fraccionamiento de la deuda a la que se refiere este requerimiento».
Párrafos que Maestre ha calificado de «una moratoria de 12 meses que luego tendrían que pagar. Hablamos de un Gobierno inhumano, frío y que parece que odia a los ciudadanos, a las familias pobres de Castilla-La Mancha, se ensaña con ellas».
En la carta remitida, Fomento aclara a cada familia que la ha recibido que «las viviendas de promoción pública han sido edificadas a cargo de los presupuestos públicos, lo que ha supuesto un importante esfuerzo económico padra toda la sociedad castellano-manchega, y están destinadas a familias con bajos ingresos económicos, por lo que se establece una renta social acorde con sus ingresos».
«HAN SIDO INFRUCTUOSOS LOS INTENTOS DE ESTA ADMINISTRACIÓN PORQUE USTED PAGUE»
En el tercer párrafo la carta dice lo siguiente: «Sin embargo, actualmente, han sido infructuosos todos los distintos intentos de esta administración para lograr que usted pague regularmente los recibos de alquiler, por esta razón se le requiere que proceda al pago de la deuda arriba detallada, bajo apercibimiento de que si la deuda no es saldada inmediatamente se promoverá un procedimiento dirigido a la extinción del actual contrato de arrendamiento y su lanzamiento. De este modo, la vivienda que usted disfruta quedará a disposición de otra familia con necesidad de un hogar dispuesta a pagar regularmente el recibo de alquiler».
Cantidad económica «que se no cancelará ni extinguirá en el caso de que finalmente la administración recuperará su vivienda arrendada».