La concejal socialista del Ayuntamiento de Alcázar Ana Belén Tejado ha presentado una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real en la que reclama la nulidad del acuerdo de la adjudicación de la venta de la Empresa de Aguas.
Tejado ha explicado en un comunicado que la demanda fue presentada el pasado día 6, por considerar que el acuerdo plenario del 24 de julio, en el que PP y Ciudadanos por Alcázar (CxA) adjudicaron definitivamente la venta de Aguas a la empresa Aqualia, «es nulo de pleno derecho» al ser incluido por vía de urgencia, sin el apoyo de la mayoría absoluta de los concejales de la Corporación.
Este hecho incumple el artículo 47.3 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local, según Tejado, quien ha subrayado que «no es una cuestión de interpretación, sino numérica» porque «hacían falta once y sólo votaron nueve concejales», ha precisado.
Tejado ha insistido en que el equipo de Gobierno tomó el acuerdo de «forma clandestina» y que su Grupo Municipal se opuso a la declaración de urgencia porque «no fuimos informados hasta el inicio del pleno y no dispusimos de la documentación del expediente».
Y, ha ampliado, «tampoco fueron informados vecinos, colectivos, partidos políticos y Plataforma en Defensa del Agua Pública que han hecho un seguimiento pormenorizado del asunto» en un asunto que, a su juicio, «requiere publicidad, transparencia y no el secretismo con el que lo aprobaron PP y CxA».
Asimismo, ha defendido que no había ninguna urgencia en vender la empresa, pese a la amenaza del equipo de Gobierno de disolverla, porque «no existía quiebra» y la ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local «otorga de plazo hasta el 31 de diciembre de 2015 para resolver la situación de las sociedades que no tengan equilibrio económico».
Tejado ha recordado que, pese a que el 24 de octubre finalizó el plazo para que cualquier ciudadano, colectivo, plataforma o partido político pudiese impugnar el acuerdo del pleno, sólo ella tenía esa posibilidad porque, como concejala y a título personal, había presentado a principios de septiembre un recurso solicitando la suspensión del acuerdo de adjudicación como medida cautelar.
El Tribunal le concedió un plazo para formalizar la demanda más allá del 24 de octubre, que ha aprovechado para presentarla por considerar que «es un compromiso personal, moral y político con todos los vecinos y con la Plataforma en Defensa del Agua Pública de hacer todo lo que fuera posible para paralizar la venta y recuperar la empresa lo antes posible».