El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido un período transitario para aplicar las nuevas normas del servicio de ayuda a domicilio en los ayuntamientos de la región, ya que «se va a crear un vacío legal porque es necesario cambiar ordenanzas municipales».
Así lo han indicado la secretaria de Política Municipal y el secretario de Servicios Sociales del PSOE castellanomanchego y la diputada nacional Guadalupe Martín, quienes han advertido de la imposibilidad de aplicar las dos órdenes que desarrollan el decreto de los servicios de atención domiciliaria que fue publicado el 11 de junio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).
Una de ellas regula la prestación del servicio de ayuda a domicilio hasta el 30 de junio (que se publicó el 25 de junio en el DOCM) y otra orden desarrolla la prestación de servicio desde el 1 de julio.
Carmen Torralba ha dicho que es imposible aplicar esta segunda orden porque será necesario cambiar ordenanzas municipales y, según Guadalupe Martín, «ni secretarios ni interventores van a permitir aplicar la ordenanza sin tener base legal para ello».
Además, se da la circunstancia de que los ayuntamientos no tienen margen de maniobra porque no pueden inclumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha apuntado Torralba.
Por este motivo, han pedido una reunión urgente con el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, y su comparecencia urgente en las Cortes de Castilla-La Mancha, con el fin de pedirle que se abra un período transitorio de tres o cuatro meses para poder completar los trámites administrativos necesarios.
También van a elevar el asunto a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP), ya que los trámites administrativos para cambiar las ordenanzas van a durar al menos tres o cuatro meses y «se crea un importante problema a los ayuntamientos castellanomanchegos».
Torralba ha lamentado que la Junta de Comunidades haya cambiado las reglas del juego a mitad del partido, lo que a su juicio «es de tramposos» y ha calificado la actuación de la Consejería de Sanidad como de «deslealtad hacia los municipios».
Según la secretaria regional de Política Municipal del PSOE, se ha creado una situación «cuanto menos complicada» para los municipios, que imposibilitará incluso a muchos de ellos poder prestar estos servicios.
Ha recordado que la prestación de este servicio es competencia de la Junta de Comunidades y que los ayuntamientos son colaboradores y ha advertido que, si no se retrasa la aplicación de las normas, tendrán que asumir un nuevo sobrecoste.
Este sobrecoste se añadiría al impago de la Ayuda a Domicilio por parte del Gobierno regional, «que no ha abonado a los ayuntamientos los servicios prestados por este concepto en 2011 y 2012, al menos a los gobernados por el PSOE», ha apuntado Torralba.
Por otra parte, Torralba ha señalado que las nuevas normativas van a afectar sobre todo a los 219 municipios con menos de 100 habitantes, con población muy envejecida, que no tienen personas para poder prestar el servicio de Ayuda a Domicilio.
A su vez, los municipios grandes deberán negociar con las empresas que tienen contratada la prestación del servicio, ya que hasta ahora los usuarios no pagaban y a partir de ahora tendrán que pagar tres euros por hora, ha añadido Torralba.
En este sentido, Guadalupe Martín ha indicado que lo mínimo que pagarán los usuarios serán 180 euros al mes (sin contar los fines de semana), lo que es «insostenible» para los jubilados de la región, que tienen una pensión media de 774 euros.