El PSOE de Castilla-La Mancha ha opinado hoy que el «informe tan duro» de la Defensora del Pueblo en el que da la razón a una queja por la falta de participación pública y de informe de impacto medioambiental en la tramitación del memorándum del trasvase Tajo-Segura es «un auténtico varapalo» para el PP.
En conferencia de prensa, el diputado nacional del PSOE Alejandro Alonso ha analizado este informe y ha opinado que «da la razón» al planteamiento socialista, quien pidió la retirada del memorándum y que no se votara en el Congreso de los Diputados por ser, a su juicio, inconstitucional, ya que «no se sometió a información pública ni se ha elaborado un informe de impacto medioambiental».
Para Alonso, estos dos requisitos eran necesarios antes de aprobar dicho memorándum -que fue tramitado a través de enmiendas-, ya que así lo recoge la directiva marco del agua.
Esta norma, tal y como ha indicado Alonso, exige que los cambios en la materia de agua sean sometidos a un informe de impacto medioambiental y que cualquier modificación sea sometida a un proceso de participación pública, para que puedan participar los actores interesados en la cuestión, como en este caso serían los regantes o los ecologistas, si bien «el PP lo incumplió».
«El PP no se atrevió a dar un trámite normal a un pacto secreto, que es lo que hay detrás de todo esto», ha denunciado Alonso, quien ha añadido que dicho acuerdo fue suscrito entre el Gobierno central y el de Murcia, con el «aval, el apoyo de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para evitar un conflicto con Murcia y Valencia».
Así, ha denunciado que la también presidenta autonómica «avaló un acuerdo que ella y cualquier jurista sabe que era una norma inconstitucional, porque no se había sometido a los procedimientos reglamentarios».
Alonso ha adelantado que también formulará preguntas orales al Gobierno sobre este informe, para que aclare «qué consecuencias tiene un informe tan duro» y si el Ejecutivo central «piensa hacerle caso a la defensora del Pueblo», Soledad Becerril, que como ha recalcado Alonso, es «una militante destacada del PP».
También ha confiado en que dicho informe sea utilizado en la Comisión Europea, donde el PSOE pidió su retirada, para que «la norma sea derogada por incumplimiento de la legislación».
En cualquier caso, ha denunciado que haber aprobado dicho memorándum «es una traición a los intereses de Castilla-La Mancha» y se ha preguntado los motivos por los cuales el Gobierno autonómico y las Cortes no han recurrido ante el Tribunal Constitucional este memorándum, que «ahora debería estar paralizado».