El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha anulado el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Diputación de Ciudad Real según el cual el consistorio manchego asumió el 30 de marzo de 2012 el Centro de la Mujer y a su plantilla hasta entonces a cargo de la Diputación.
La sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por CCOO de Castilla-La Mancha contra el acuerdo del pleno municipal del Ayuntamiento de Ciudad Real del 30 de marzo de 2012, que ratificó el mencionado convenio, y declara nulos «cuantos actos deriven directamente de la ejecución de dicho acuerdo.
Según CCOO, una de las consecuencias más llamativas de aquel convenio, ahora anulado, fue que la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, pasó de ser trabajadora temporal de un organismo autónomo de la Diputación a empleada fija de su Ayuntamiento.
En cumplimiento de la sentencia, quienes elaboraron y diseñaron el convenio, así como los directamente beneficiados por el mismo, tendrán que volver a su posición primitiva.
El secretario general de CCOO de Ciudad Real, José Manuel Muñoz, que ha informado hoy sobre esta sentencia en rueda de prensa, ha exigido a las administraciones públicas que garanticen en todo momento el funcionamiento del Centro de la Mujer de Ciudad Real, así como su carácter estable y permanente.
Muñoz ha recordado que en marzo de 2012, la sección sindical de CCOO en el ayuntamiento ya advirtió del fraude de ley en el que se estaba incurriendo y planteó fórmulas jurídicas que permitieran el traspaso de la titularidad dentro de la legalidad, «propuestas que no fueron ni atendidas ni valoradas por el equipo municipal de Gobierno».
«CCOO defiende, ha defendido siempre y lo seguirá haciendo los Centros de la Mujer como red de servicio fundamental en la lucha por la consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos», ha dicho Muñoz.
Por eso este servicio tiene que tener un carácter estable y permanente, que le permita conseguir el objetivo para los que fueron creados, pero sin vulnerar la legalidad, sin incurrir en flagrantes fraudes de ley a la hora de cubrir los puestos de trabajo, que es lo que CCOO denunció y lo que el TSJ ha anulado», ha indicado Muñoz.
La sentencia sostiene que el Ayuntamiento de Ciudad Real incurrió en fraude de ley al convertir a las trabajadoras que tenían la condición de temporales en un organismo autónomo de la Diputación en trabajadoras fijas de plantilla en el Ayuntamiento, creando nuevas plazas, y asignándolas con nombres y apellidos a estas trabajadoras, sin dar oportunidad a otros aspirantes.
Para asumir estas nuevas trabajadoras -según CCOO- el Ayuntamiento se comprometía en el convenio a modificar su Relación de Puestos de Trabajo, para así beneficiar claramente a unas personas determinadas -incluida la propia alcaldesa y su concejala de Servicios Sociales, Amparo Messia de la Cerda-, sin convocatoria pública alguna, lo cual dice la Sala de lo Contencioso que es una actuación ilegal.
«Es muy significativo que a lo largo de la sentencia y en muchos de sus razonamientos la Sala de lo Contencioso declare expresamente que el Ayuntamiento actuó en fraude de ley, además de haber vulnerado los principios constitucionales de acceso al empleo público de publicidad, mérito y capacidad», según Muñoz.
«Aunque la sentencia refiere que ya las trabajadoras partían de una situación irregular cuando el Centro de la Mujer dependía de Diputación, hace un severo reproche al Ayuntamiento al sostener que a través del convenio firmado el Ayuntamiento convertía a trabajadoras temporales en trabajadoras fijas municipales, y el convenio no se puede utilizar como puerta falsa para entrar en el Ayuntamiento.