El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha anulado la Orden de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de 2013 que regula el catálogo de servicios y prestaciones económicas de la dependencia, una sentencia que el Gobierno regional ya ha anunciado que va a recurrir.
La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Castilla-La Mancha ha informado hoy de la sentencia emitida por el TSJCM y que falla la nulidad de la Orden por haberse omitido el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales ha informado en un comunicado de que va a recurrir dicha sentencia porque el motivo que aduce para declarar nula la Orden es «una cuestión formal».
El Tribunal, según la Consejería, solo cuestiona que dicha Orden no contara con un dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, sin entrar al fondo de los contenidos aprobados en esa normativa, muy similar a la que se aplica a nivel nacional.
El Gobierno aprobará en su reunión de hoy un Decreto para regularizarlo, ha asegurado Sanidad y Asuntos Sociales.
Según la Dirección General de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependencia, las personas en situación de dependencia «pueden estar tranquilas», porque el Consejo de Gobierno aprobará hoy mismo un decreto «que solventará el supuesto defecto de la Orden para que las personas en situación de dependencia no pierdan ningún derecho».
La Consejería ha manifestado que «algunos de los beneficios que reciben las personas en situación de dependencia de Castilla-La Mancha son superiores a los que se aplica en la normativa nacional, pero es algo que no se modificará al ser regulados por el nuevo decreto».
El Gobierno regional ha asegurado que la Orden de Dependencia del año 2013 fue publicada, «como todas las órdenes anteriores dictadas por el Gobierno de Barreda, sin el dictamen previo del Consejo Consultivo».
Pero, ha añadido la Junta, «sí que contó con el visto bueno del Consejo de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, un órgano en el que están representadas la mayoría de las asociaciones e instituciones relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia».
La Dirección de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependencia ha indicado que, «gracias a la aplicación de esa Orden de Dependencia de 2013, en Castilla-La Mancha hay hoy 9.220 más personas en situación de dependencia recibiendo algún tipo de servicio residencial o ayuda profesional de las que había en el año 2011, además, el nivel de atención a cada persona dependiente es el más alto desde que se aprobó la ley en el año 2006».
Sin embargo, desde la Plataforma han valorado la sentencia porque, según han señalado, «la Orden anulada establecía un conjunto de recortes arbitrarios y retroactivos contra los derechos de las personas dependientes, reconocidos en la Ley de Dependencia y en la propia Constitución».
Han señalado que «especialmente grave y sangrante era el trato degradante e inhumano que la Orden daba a los grandes dependientes», puesto que «establecía todo tipo de requisitos retardatorios y obstáculos para impedir la atención que necesitan estas personas que se encuentran en la fina línea que separa la vida y la muerte», ha lamentado la Plataforma.