El informe elaborado por la delegación de europarlamentarios que visitó el pasado mes febrero las cuencas del Tajo y el Ebro plantea cambiar «completamente» el modelo de gestión de los recursos hídricos en España y «dar prioridad a los requisitos medioambientales frente a los socioeconómicos». Además, insta a las autoridades españolas a integrar el agua de las desalinizadoras para mejorar la seguridad del suministro y que el agua se destine a las cuencas orientales como el Segura y «no vincularse de forma alguna» al Tajo.
El documento, al que ha tenido acceso Efe, surgido a raíz de dos peticiones de evaluación recibidas en 2012, será debatido mañana en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y el informe definitivo será votado el 13 de julio.
Los eurodiputados explican en el texto que, durante su visita a varios puntos del río Tajo en la provincia de Toledo, observaron «la falta de caudales ecológicos» y advierten de que «las condiciones medioambientales en el curso inferior debido al trasvase y, en particular, los lugares de la Red Natura 2000 difieren de la situación descrita en reuniones anteriores».
«Uno de los principales problemas de los que se quejaron los peticionarios es la falta de un caudal ecológico. Un río con agua de mala calidad, que mantiene el mismo nivel durante 12 meses del año, tiene un efecto negativo en los hábitats y las especies», exponen.
Los europarlamentarios comprobaron, según señalan, «la escasez de agua en la zona oriental de España debido al cambio climático, a los usos relacionados con la presión urbanística y el riego intensivo, así como actividades turísticas».
Explican que las soluciones pasan por el trasvase y la desalinización, tecnología ésta última subvencionada con fondos de la Unión Europea.
Añaden que los expertos «demostraron cómo afecta la regresión a las especies naturales, tales como las aves, los moluscos y las sardinas y sugirieron posibles medidas para mitigar los efectos del cambio climático en el Delta del Ebro».
Los eurodiputados también apuntan que observaron que es «necesario» un diálogo «más productivo y de confianza» entre las autoridades públicas competentes y los peticionarios, la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche, y la Coordinadora Antitransvasaments.
El documento incluye 11 recomendaciones, entre ellas la de cambiar «completamente» el modelo de gestión de los recursos hídricos en España y solicitar a la Comisión Europea que «supervise de cerca» la forma en que se aplica la legislación europea, especialmente, en los planes hidrológicos del Ebro y el Tajo.
También sugiere que se realice un estudio actualizado, independiente y exhaustivo de las necesidades de las zonas protegidas en cuanto a la calidad del agua y los caudales ecológicos, subvencionado con fondos europeos.
Los eurodiputados plantean, además, «mejorar la gobernanza del agua en la cuenca del Segura: mejorar los conocimientos y la gestión del uso actual del agua subterránea y superficial, ajustar las superficies de regadío a los recursos disponibles, cumplir las obligaciones ecológicas y elaborar inventarios públicos de tierras de regadío, las fuentes de agua y los derechos de agua».
El informe, que no tiene mandato legal y que ha sido elaborado por eurodiputados de todos los partidos, se remitirá al Gobierno, a organizaciones ecologistas, de pescadores y agricultores, y a la Comisión Europea.
La pasada semana, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, encabezó una delegación de Castilla-La Mancha a Bruselas para hablar de las estrategias de desarrollo rural, del despoblamiento y, especialmente, de la gestión del agua.