La Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha trabaja en una nueva norma que permita proteger a los inquilinos de las viviendas propiedad de la administración regional que, por causas económicas sobrevenidas, no puedan abonar el alquiler.
La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, ha realizado este anuncio durante su intervención en el pleno de las Cortes, con motivo de una interpelación realizada por la diputada socialista Rosa Melchor en relación con las políticas de vivienda.
«Estamos trabajando para proteger a esas familias y para que tengan la tranquilidad de que hasta la situación no mejore y remonte, no vivan angustiados ante la posibilidad de un posible desahucio», ha anunciado la consejera de Fomento.
Pero García de la Calzada también ha recordado las medidas que ha adoptado la Junta de Comunidades en favor de las familias que ya han sido desahuciadas de sus viviendas por no poder hacer frente al pago de sus hipotecas.
Así, ha señalado que el decreto publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 15 de marzo se reconoce como colectivo de atención preferente para viviendas vacantes destinadas al alquiler los deudores hipotecarios desahuciados en procedimientos de ejecución e inmersos en procesos de intervención social, los menores de 36 años, las mujeres víctimas de violencia machista, las personas con discapacidad y los dependientes y sus familiares.
Ha recordado que para este colectivo se reserva el 10 por 100 de las viviendas públicas vacías en la actualidad, y que ha cifrado en 800, por lo que las VPO en el cupo suman 80.
También ha apuntado que en esta orden también se recogen ayudas para el fomento del alquiler, con una dotación inicial de 3 millones de euros susceptible de ser aumentados en función de la demanda, y también ayudas para la rehabilitación de viviendas, con el objetivo de apoyar a uno de los sectores económicos más perjudicados por la crisis, la construcción.
Por todo ello, ha recalcado que, en el ámbito de sus competencias, el Gobierno regional «ha sido sensible al drama de las ejecuciones hipotecarias», si bien ha concluido que, para los desahucios, «la solución está en el Congreso de los Diputados».
MORATORIA PARA PARALIZAR LOS DESAHUCIOS
En cambio, la diputada socialista Rosa Melchor ha pedido al Gobierno regional que declare una moratoria para paralizar todos los procesos de desahucio en la comunidad hasta que se modifique la ley hipotecaria, cuyo trámite ya se ha iniciado en el Congreso de los Diputados.
También ha solicitado a la Junta que informen a las personas que se pueden beneficiar del decreto sobre el acceso a la VPO del contenido del mismo, pues ha aseverado que han detectado que las personas desahuciadas no tienen conocimiento de la existencia de estas 80 viviendas que están a su disposición.
Melchor también ha propuesto la puesta en marcha de una oficina, atendida por empleados públicos, que asesoren y medien entre los bancos y los afectados por ejecuciones presupuestarias, como ha señalado que ocurre en Castilla y León.
La diputada socialista ha reconocido que, tras el acuerdo que alcanzaron para reservar un cupo de VPO para desahuciados», hoy tiene la sensación de que les engañaron, al lamentar que sólo 80 viviendas se han puesto a disposición de las familias desahuciadas, a pesar de que ha hecho alusión a un informe de la defensora del pueblo que cifra en 2.615 las viviendas de protección oficial que están vacías en Castilla-La Mancha.
«Se necesita una solución real ya», ha urgido Melchor, tras recordar que en 2012, en Castilla-La Mancha se realizaron 7.000 desahucios.
Por su parte, el portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares, ha valorado «la extraordinaria sensibilidad» del Gobierno regional «desde el minuto uno» con las personas desahuciadas, ya que se han tomado medidas para tratar de solucionar sus problemas.