La Asociación de Forestales de España y las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF han consensuado un manifiesto en defensa del Catálogo de Montes de Utilidad Pública y de rechazo a la venta de montes de titularidad pública en Castilla-La Mancha. Estas organizaciones han explicado, en un comunicado, que el manifiesto nace de la inquietud compartida entre el sector forestal y las organizaciones ecologistas respecto a la medida que está estudiando el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Agricultura han manifestado que lo que se estudia sacar a subasta pública son fincas rústicas «infrautilizadas» y han precisado que menos del 10 por 100 del suelo público de la región tiene un plan de gestión vigente (apenas 13.000 de las 170.471 hectáreas de superficie existente).
El documento consensuado por la Asociación de Forestales de España y las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF se ha remitido a diversas entidades y colectivos y esperan lograr un número mayor de adhesiones para mostrar «la unanimidad de la sociedad frente a la privatización del patrimonio forestal público», según la nota de prensa.
Elías Bayarri, de la Asociación de Forestales, ha asegurado que los montes de utilidad pública, en especial los de propiedad pública, son «la columna vertebral del mantenimiento de servicios ecosistémicos fundamentales para el resto de actividades económicas y, además, mantienen una función social importante en términos de uso recreativo, cultural y también de empleo».
«TENDRÍA UN ENORME IMPACTO»
Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción, ha comentado que «vender este patrimonio público que tanto ha costado consolidar tiene un enorme impacto ambiental, social y económico» y argumenta que detrás de la medida se esconde una modificación legislativa a nivel estatal que traería consigo una cascada de ventas en toda España.
El origen del actual Catálogo de Montes de Utilidad Pública es el resultado del trabajo de la primera generación de Ingenieros de Montes en España en defensa de la superficie forestal arbolada previa al proceso desamortizador de la segunda mitad del siglo XIX, en especial la Ley de Desamortización General de Pascual Madoz de 1855.
Durante este proceso, la ley exceptuó de la enajenación y subasta pública «los montes y los bosques cuya venta no crea oportuna el Gobierno», con lo que muchas de las masas forestales que componen el actual paisaje forestal del territorio español se salvaron de un futuro incierto, según el comunicado de prensa.
Miguel Ángel Soto, de Greenpeace España, ha comentado que es «muy preocupante» que en vísperas de la reforma de la Ley de Montes anunciada por el Gobierno se aborde la venta del patrimonio forestal público.