Castilla-La Mancha ha dejado de recibir en los últimos tres años por parte del Ministerio de Sanidad 79,1 millones de euros como consecuencia de los recortes en la financiación del sistema de atención a la dependencia, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. En su conjunto, las comunidades autónomas dejaron de recibir 1.409 millones de euros y las autonomías más afectadas fueron Andalucía, Cataluña y Madrid, que han tenido un recorte de 342,1, 240,4 y 145,4 millones de euros, respectivamente.
En el caso de Castilla-La Mancha, el informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales recoge los resultados de la aplicación de una escala de valoración de la implantación y desarrollo de la Ley de Dependencia, según la cual la comunidad castellanomanchega obtiene una puntuación de 5 sobre 10, ligeramente superior a la media nacional.
Para la elaboración de dicha escala se han tenido en cuenta una serie de indicadores como el número de personas beneficiarias sobre el total de la población, las solicitudes, los dictámenes, las personas con derecho a dependencia pendientes de servicio, el incremento interanual de las personas atendidas o el gasto público en dependencia por habitante y año, entre otras. El informe resalta la pérdida de personas con derecho reconocido en Castilla-La Mancha y que el número de personas atendidas ha retrocedido hasta las cifras de finales de 2010 pese a que tiene una lista de espera cercana al veinte por ciento.
En la presentación del informe, los representantes de la Asociación José Manuel Ramírez y Gustavo García han dicho que si se añade al recorte en la financiación estatal la rebaja acumulada en las cuantías a percibir por las personas dependientes con prestación por cuidados familiares (967,3 millones), la desinversión pública en el sistema se elevaría a más de 2.276 millones de euros.
Respecto a la escala de valoración de la implantación y desarrollo de la Ley de Dependencia, han subrayado que se elabora partiendo de los datos oficiales que publica el Ministerio de Sanidad a través del Imserso, a partir de la propia información que aportan las comunidades autónomas y que la misma se viene aplicando de forma invariable desde el año 2008 con carácter semestral.
Se trata, de analizar los datos oficiales disponibles desde el 30 de noviembre de 2013 a finales de ese mismo mes de 2014, transformados en indicadores de medida. Por ello, han indicado que «las descalificaciones que puedan verter algunas comunidades o el propio Ministerio carecen de fundamento» porque se puede «discutir sobre si un indicador es más o menos relevante pero no sobre los datos oficiales».