El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, por la presunta percepción de una comisión de 200.000 euros a cambio de una adjudicación a una filial de la empresa Sacyr de una contrata de limpieza en el Ayuntamiento de Toledo.
Ruz ha adoptado esta decisión en un auto en el que cita a declarar como imputado a Cañas el próximo 6 de noviembre, día en el que también han sido llamados a declarar sobre ese extremo, también como imputados, el ya imputado Luis del Rivero, expresidente de Sacyr-Vallehermoso, y el actual presidente de esa empresa, Manuel Manrique.
En esa misma resolución el juez requiere al PP para que en cinco días aporte toda la información contable sobre la presunta percepción de esa comisión por parte de Cañas, de la que el extesorero Luis Bárcenas aportó un recibí supuestamente firmado por el gerente, por lo que Ruz ordena que se le someta a una pericial caligráfica para contrastar esa rúbrica.
Ordena además recabar del Ayuntamiento de Toledo la remisión del expediente que dio lugar a la concesión a Sufi, el 15 de enero de 2007, de la explotación del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte.
Pide asimismo a la Intervención General Administración del Estado (IGAE) un informe pericial sobre la regularidad en la tramitación de esa adjudicación.
Según la declaración de Bárcenas del 15 de julio, que recuerda Ruz en su auto, el extesorero afirmó que entregó en 2007 personalmente a Cañas 200.000 euros provenientes de un donativo en B de la constructora Sacyr al PP para la campaña electoral de la secretaria general del PP y presidenta de la comunidad de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.
A cambio, se le adjudicó a Sufi, una filial de Sacyr, el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Toledo cuando José Manuel Molina era alcalde, donativo del que supuestamente estaba también enterado el actual presidente de las Cortes de esta comunidad, Vicente Tirado, que entonces era secretario general del PP en Castilla-La Mancha.
En concreto, Bárcenas indicó que antes de la entrega del dinero se reunieron él, Del Rivero y Manrique con Tirado, y que este último pidió a los constructores dinero para la campaña electoral de Cospedal.
Finalmente, según el relato de Bárcenas, Cañas como gerente regional del partido fue el receptor de esos 200.000 euros en dos entregas de 100.000, «previa firma de un documento manuscrito, a modo de recibí y con el nombre de José Ángel Cañas, que fue entregado al juzgado por parte de Bárcenas», destaca el auto.
El juez explica que, tal y como informó la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional carece de competencia para citar a Tirado como imputado por ser aforado por razón de su cargo como presidente de las Cortes castellanomanchegas.
Por ello, advierte, practicará cuantas diligencias «se estimen precisas para completar la investigación» al efecto de constatar la realidad o no de los hechos denunciados por Bárcenas, «y en último término, el grado de participación que en ellos hubiera podido tener la persona aforada».
En caso de observar indicios de delito en la actuación de Tirado, Ruz remitiría la parte de la investigación que pudiera afectarle al órgano competente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Cospedal, por su parte, ya negó la intervención en los hechos relatados por el extesorero cuando declaró ante Ruz como testigo el pasado 14 de agosto.
La resolución de Ruz para investigar el pago de esa supuesta comisión se produce una semana antes de celebrarse en Toledo el juicio de protección del derecho al honor por la demanda que interpuso Cospedal contra el extesorero y El País por la publicación el pasado 31 de enero de las fotocopias de los denominados «papeles de Bárcenas», que reflejan una supuesta contabilidad B en el PP.