El exalcalde de Seseña Manuel Fuentes (IU) se ha mostrado hoy «defraudado» por la sentencia que absuelve del delito de blanqueo de capitales a su antecesor en el cargo José Luis Martín, a sus hijos y a dos promotores por la tramitación del PAU de El Quiñón, y ha dicho que percibe «impunidad».
Fuentes ha analizado en declaraciones a Efe la sentencia de la Audiencia provincial de Toledo, que concluye que no puede demostrarse que haya existido una actividad delictiva de la cual haya surgido el dinero supuestamente blanqueado, circunstancia necesaria para la condena.
El exalcalde de IU ha opinado que «la sentencia no está en consonancia» con la denuncia que su formación política presentó hace diez años ante la Fiscalía Anticorrupción, ni con la acusación de este órgano ante los juzgados de Illescas.
En un principio, IU acusó al exalcalde de Seseña de la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, cohecho y contra la hacienda pública, sin embargo, solo ha sido juzgado por un delito de blanqueo de capitales.
«La propia Fiscalía decía que había un incremento patrimonial injustificado por parte de José Luis Martín», ha afirmado Fuentes, quien ha recalcado que el salario del exalcalde era de solo de 1.500 euros al mes.
A su juicio, «no se ha entrado en el fondo del asunto», algo que ha opinado que es «un escándalo social», teniendo en cuenta «el asunto de la corrupción en materia de urbanismo» antes del inicio de la crisis económica.
La macrourbanización de El Quiñón, ha continuado, fue «el paradigma de la especulación», por lo que ha considerado que «la gente no va a entender que se vayan de rositas».
Con ello, Fuentes ha recordado que los propios responsables de la Junta de Comunidades han dicho «que no se tuvo que aprobar» el plan urbanístico, por lo que ha sugerido que «cuanto menos un trato de favor sí que hubo».
Por su parte, el abogado de IU, Juan Ramón Crespo, ha explicado a Efe que, una vez que les han notificado la sentencia en el día de hoy, van a «valorar jurídicamente» si presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para lo que cuentan con cinco días.