El presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, José Luis Gómez-Ocaña, acaba de ser elegido responsable de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español, en sustitución de Jaime Esteban.
La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español celebró ayer en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) su reunión anual con todas las asociaciones regionales, donde, además de la renovación de cargos, se trató sobre la situación por la que están pasando más de un millón de personas en situación de dependencia, ha explicado Gómez-Ocaña.
Una de las primeras medidas que adoptará el hasta ahora portavoz de la Coordinadora Estatal es pedir, antes de las próximas elecciones, una reunión con todos los grupos políticos del arco parlamentario nacional, con el fin de solicitarles su «compromiso» para derogar, «de forma inmediata, el R.D. 20, de 13 de julio de 2012, que Gómez-Ocaña considera «el origen de todas las tropelías que se están cometiendo contra las personas dependientes».
También solicitará una reunión con el nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para explicarle la situación por la que atraviesa este colectivo, después de que «se haya producido un recorte de más de 4.000 millones de euros en la financiación de las prestaciones y servicios».
RECHAZO AL COPAGO
Otro reto que se ha marcado el presidente de la Plataforma de la Dependencia de Castilla-La Mancha al frente de la Coordinadora Estatal es dejar claro que «no apoyamos» la Iniciativa Legislativa Popular sobre el Co-Pago que está promoviendo el Cermi.
Según Gómez-Ocaña, la principal razón de esta oposición es que «no es el momento adecuado para ello, dadas las circunstancias de desmantelamiento al que se está sometiendo a la Ley de Dependencia, por lo que lo prioritario es afianzar los cimientos de esta norma».
Además, según Gómez-Ocaña, este co-pago «supondría en realidad un repago que las personas dependientes no podrán asumir produciéndose, por motivos económicos, una renuncia a todos los servicios imprescindibles para una vida digna de las personas en situación de dependencia».