La Confederación Española de Abogados de Oficio ha manifestado su rechazo al proyecto de ley de tasas judiciales porque consideran que afectará sobre todo a las clases medias y con ello temen que se «aniquilará» el 90 por 100 del trabajo de los despachos de abogados.
Así lo ha indicado, en declaraciones a Efe, el presidente de la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Gratuita, Germán Ramón Inclán, en un receso de la reunión que celebran en Toledo.
Ha señalado que la principal preocupación de ese colectivo en este momento es el proyecto de ley del Ministerio de Justicia que prevé una subida generalizada de las tasas, de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales.
Aunque las tasas no afectarán al litigante de oficio, sí lo harán a las clases medias, que son los clientes fundamentales de los despachos de abogados, lo que mermará de forma considerable su carga de trabajo.
Pero, ha abundado Inclán, aunque la cuantía de las tasas fuera de un euro, «no es de recibo hacer una justicia de ricos y una justicia de pobres», la tutela judicial efectiva no debe admitir excepciones y la justicia tiene que ser como la sanidad, gratuita.
«Quienes antes nos encargaban una gestión judicial, ahora se lo van a pensar dos veces, y eso va a limitar la accesibilidad del cliente a nuestros despachos, que vamos a tener una merma brutal de trabajo», ha lamentado.
Inclán ha señalado que la tasa actuará como elemento disuasorio para empezar procedimientos.
«Eso va a contribuir a desatascar, como muy bien dice el ministro y en eso tenemos que darle la razón, el funcionamiento de la administración de justicia, pero por aniquilamiento del ciudadano medio que no va a poder acceder a ella», ha dicho.
Considera además que con las tasas se va a «promover el fraude» en «deudas pequeñas de 300 ó 400 euros con un fontanero, un electricista o un restaurante; la gente se va a aprender la película, no pagar, porque para empezar a reclamar la deuda se va a tener que pagar una tasa que en muchos casos va a ser superior».
Otro efecto negativo que ha mencionado es que el Estado va a recaudar menos por IVA, porque los abogados, al tener menos carga de trabajo, ingresarán menos dinero y el Estado también recaudará menos, por lo que «es posible que en un futuro no lejano el Gobierno se plantee volver a subir el IVA».
Ha recalcado que la aplicación de tasas judiciales es una medida fuera de lugar e inconstitucional, por lo que van a instar a los jueces a promover cuestiones de inconstitucionalidad para forzar a que la situación se modifique.