La actual abundancia de caza menor (liebres y conejos) y de caza mayor ha disparado las reclamaciones por daños en la agricultura, cuya responsabilidad recae hoy exclusivamente en el propietario del coto de caza, aunque carezca de un control real de las especies y ha hecho lo que está en su mano por evitarlo.
En una entrevista con Efe el abogado Santiago Ballesteros y autor de «Responsabilidades en materia de caza» -que acaba de editar la Federación Española de Caza- opina que existe además una situación de «inseguridad jurídica» por la ausencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre este tema y, en consecuencia, «cada una de las 50 audiencias provinciales dice una cosa».
«Esto hace cada día más difícil asumir la gestión de un coto», ha añadido Ballesteros, en cuya opinión su titular solo debe responder de los daños de aquellas piezas de caza sobre las que tiene una posibilidad real de control y de limitación de sus poblaciones.
Se impone, por tanto, una regulación estatal y nueva sobre el tema que ataje «la disparidad» de criterios en los tribunales y en las comunidades autónomas.
La comunidad autónoma más afectada por siniestros en los cultivos, en la ganadería y las reforestaciones son las de Castilla y León y Castilla-La Mancha, y en cuanto a número de daños es Aragón.
La región menos afectada es Galicia, al haber menos cultivos asegurados y también porque la Administración tiene establecida una línea de ayudas dirigida a los agricultores que sufren daños de jabalí y lobo.
Hace un año, las reclamaciones por daños causados por la fauna cinegética rozaron las 5.000, pero es una cifra parcial ya que incluye solo a agricultores con póliza en la compañía Agroseguro.
«Se trata -según el abogado- de un número difícil de cuantificar, pero incluso hay cotos que han amenazado con dejar de gestionarse» y han invitado a cazar a los agricultores.
El autor de «Responsabilidades en materia de caza», una guía práctica alejada de los libros de derecho al uso, el mayor número de daños en la agricultura (sobre todo cultivos leñosos como la vid y el olivo) se debe tanto a un aumento de la población de conejos y liebres como al hecho de que se esté viviendo «la edad dorada» de la caza mayor en España.
«Nunca antes ha habido tantas reses como ahora; se capturan cada año 350.000 ciervos, jabalíes, corzas etcétera, entre otras razones por el abandono de los cultivos, el aumento de la superficie forestal y una presión cinegética que debería ser mayor».
A su juicio, habría que evolucionar del actual sistema de responsabilidad objetiva -siempre corresponde al propietario del coto- «a un sistema de responsabilidad por culpa».
Por otro lado, la inclusión de los daños provocados por la fauna silvestre como un riesgo más en los seguros agrarios -hasta el 2008 solo cubrían daños por heladas, pedrisco, sequía etc, ha tenido como consecuencia el aumento del número de reclamaciones y la sistematización y automatización de las mismas, según Ballesteros.
En cuanto a la responsabilidad en los accidentes de caza, el libro alude a su incremento en los últimos años, entre otras razones por «la explosión» de la caza mayor, lo que ha implicado un mayor número de aficionados y a personas con poca experiencia.
Entre los años 2000 y 2011, han muerto en España setenta personas y casi 5.000 han sufrido lesiones de distinta consideración.