La Asociación de Vecinos El Tajo de Toledo ha pedido una entrevista con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para expresarle la «indignación y desesperación de miles de personas por la falta de soluciones al vertido de residuos de amianto junto al arroyo Ramabujas, a 300 metros de las viviendas».
«Vamos a trasladar a Page que su Gobierno regional debe cumplir la legislación vigente en materia de salud y de medio ambiente», añaden en un comunicado.
Le van a solicitar, en concreto, que la Junta cumpla con la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en lo que se refiere a los artículos 3, 4, 9, 10, 12, 13 y 30; Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y las diversas directivas europeas sobre el amianto.
Además, «que haga efectivo el artículo 14 de la Constitución Española, según el cual los españoles son iguales ante la ley», ya que aseguran que tienen «la sensación de que el barrio del Polígono ha sido descendido a la Segunda División Ciudadana, pero no en el terreno de juego, sino en los despachos oficiales de la Junta, alguien se imagina un vertido de 8.000 metros cúbicos de amianto en el barrio de Buenavista?», se preguntan.
La Asociación de Vecinos El Tajo ha registrado igualmente registrado dos escritos en el Ayuntamiento y en la Consejería de Medio Ambiente, en los que piden toda la información que tengan ambos organismos sobre los vertidos de amianto, a lo que da derecho el artículo 45 de la Ley 22/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y los apartados c) y d) del artículo 4 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública,
Además, «al amparo del derecho a la información que nos otorgan las mencionadas leyes, hemos solicitado a la Consejería de Medio Ambiente una copia en formato digital del informe completo que recibió este departamento de la Fiscalía General de Medio Ambiente, en el que se recogen las investigaciones derivadas de la denuncia presentada por nuestra asociación –con IU, Ecologistas en Acción y la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo- ante dicha instancia judicial el 4 de junio de 2014», concluyen.