La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado lo que considera el «lamentable» estado en que se encuentran las dependencias de los centros penitenciarios de Ocaña I, destinada a preventivos, y II, para penados», en la provincia de Toledo.
El secretario de Organización de la Junta Directiva Nacional de la AUGC, Juan Antonio García, ha señalado en rueda de prensa hoy jueves en Toledo que «se ha remitido al Consejo de la Guardia Civil, órgano responsable de atender las demandas que atañen al personal, un informe sobre el lamentable estado de las dos centros de Ocaña».
«Hemos trasladado al Consejo una solicitud de evaluación del servicio de prevención de Riesgos Laborales, de la situación de esas dependencias», ha indicado, tras recibir un informe del estado actual de las dependencias que, ha aclarado, «es interno y, por tanto, no se puede hacer público».
García, en este sentido, ha precisado que lo más probable es que esta denuncia sea estudiada en el pleno del próximo mes de diciembre por el Consejo de la Guardia Civil, que integran 32 vocales, 16 nombrados por la Administración y otros 16 de las distintas asociaciones profesionales, la mitad de ellos de la AUGC.
A su juicio, estas deficiencias coinciden con los recortes y afectan también tanto a los medios como al personal, ya que «con la oferta de empleo público de los últimos tres-cuatro años no se ha cubierto ni el 10 por 100 de las bajas por retiro, enfermedad», ha detallado el secretario de Apoyo de la Directiva Nacional, José Cabrera Farfán.
«En los últimos años se han incorporado entre 130 y 200 guardias civiles por año y se han jubilado entre 2.000 y 2.500», ha apuntado Farfán, quien ha dejado claro que «no hay problemas de seguridad, pero no somos ajenos a la crisis y la carencia de personal es letal para la calidad del servicio».
A esta reducción de efectivos ha añadido el que hay vehículos con 350.000 y 400.000 kilómetros y dependencias en estado insalubre.
«No hay que dar tintes catastrofistas, pero se han comenzado a encender las luces de alarma, y entendemos que no se puedan dar recortes en seguridad, como tampoco en sanidad o educación», han concluido Juan Antonio García y José Cabrera Farfán.