La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha valorado hoy que la justicia haya acabado dando la razón a los dos guardias civiles de Ciudad Real que fueron sancionados por realizar declaraciones a la revista «Interviú» durante la realización de un reportaje en esta provincia.
En un comunicado remitido hoy a los medios, la AUGC asegura que una sentencia del Tribunal Supremo y otra del Tribunal Militar han dado la razón a los agentes a los que, en su día, se les abrió un expediente disciplinario que les supuso ser suspendidos de empleo y sueldo dos años.
Y precisa que, en febrero de este año, el Tribunal Militar estimó el recurso interpuesto por el secretario general de AUGC Ciudad Real, Antonio Moreno, mientras que para el secretario jurídico de la organización, Jesús Culebra, ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que deseche la sanción impuesta por la Dirección General de la Guardia Civil.
Para la AUGC, ambas sentencias demuestran la «arbitrariedad», «persecución sistemática y encubierta» y «severos castigos» que sufrieron estos agentes por denunciar las condiciones laborales en las que trabajan, «reclamar los derechos y libertades más básicos» y reivindicar la equiparación con otros cuerpos policiales.
Ambos guardias civiles fueron sancionados, a raíz del artículo publicado en la revista ‘Interviú’ el 30 de agosto de 2010, bajo el título «Un día de ‘huelga’ con la Guardia Civil», que relataba la huelga de bolis caídos que se vieron obligados a realizar numerosos agentes ante la merma de derechos laborales.
En dicho artículo se pretendía dar una visión global de la situación y problemática del cuerpo y, para ello, la redactora acompañó a una patrulla de guardias de servicio de la Agrupación de Tráfico por la provincia ciudadrealeña.
La Dirección General de la Guardia Civil consideró que los secretarios general y jurídico de AUGC Ciudad Real habían sido los autores de las declaraciones, por lo que se les abrió un expediente disciplinario por falta muy grave, «al haber participado en huelgas, en acciones sustitutivas de las mismas o en actuaciones concertadas con el fin de alterar el buen funcionamiento del servicio», y por falta grave, ya que hicieron «reclamaciones o peticiones con publicidad a través de los medios de comunicación».
Sin embargo, el Tribunal Supremo y el Militar han determinado que quien firmó esa sanción (el director general de la Guardia Civil) carecía de la objetividad que de él se esperaba, por cuanto ya tenía conocimiento del contenido del expediente sancionador y además tomó postura sobre el mismo, cuando éste fue objeto de debate en la sesión del Consejo de la Guardia Civil que se celebró el 20 de junio de 2011.
En definitiva, ha señalado la AUGC en su comunicado, «había perdido la imparcialidad, objetividad y neutralidad que le eran exigibles».
Ambos agentes han estado suspendidos de empleo y sueldo desde agosto de 2011 hasta la actualidad, con todas las consecuencias familiares y personales que esto ha conllevado.
Ahora, gracias a los servicios jurídicos de la AUGC Ciudad Real, «podrán volver a su puesto de trabajo y continuar en la lucha para hacer de la Guardia Civil un cuerpo democrático y del siglo XXI», se afirma en el mismo comunicado.
Con más de 33.000 afiliados, la AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil.
Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino.
Su lucha por la democratización y la desmilitarización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe), concluye la nota.