Un escuadrón de caballería de la Guardia Civil, compuesto por ocho jinetes, se ha unido a los equipos de agentes «ROCA» creados para llevar a cabo labores de vigilancia en las explotaciones agrarias y ganaderas de la provincia de Ciudad Real.
El escuadrón de caballería ha comenzado a realizar sus primeras patrullas en Ciudad Real, según ha explicado el portavoz del instituto armado en la provincia, José Antonio Aldomar, con la principal misión de incrementar la seguridad de las casas de campo y las explotaciones agropecuarias que estaban siendo especialmente castigadas por los robos.
Aldomar, en declaraciones a los medios, ha señalado que el escuadrón de caballería se desplazará por toda la provincia de Ciudad Real para realizar vigilancias esporádicas en coordinación con las patrullas ROCA y con el resto de agentes que trabaja en las zonas rurales.
Los agentes a caballo, ha explicado el portavoz de la Guardia Civil, realizarán «amplios recorridos por diferentes lugares», incidiendo especialmente en aquellas zonas donde estadísticamente se han registrado un mayor número de robos en los últimos años.
La presencia de estos agentes reforzará el trabajo de los equipos creados exclusivamente por el Ministerio del Interior para luchar contra los robos en el campo, que el pasado año supusieron 15.234 delitos.
Estos equipos de agentes se han desplegado por distintos puntos de la geografía nacional, en concreto, en provincias como Valencia, Sevilla, Almería, Toledo y Ciudad Real, las más castigadas por los robos.
De los 15.234 delitos cometidos en 2012 en explotaciones agrícolas, el 74 por ciento (11.201) se registraron en 15 provincias, fundamentalmente de las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Comunitat Valenciana.
Con la presencia del escuadrón de caballería de la Guardia Civil y los equipos ROCA, el Ministerio del Interior responde a las demandas de agricultores y ganaderos que habían expresado su preocupación por el incremento de los robos que se estaban produciendo en el campo.
De esta manera, se pretende atajar el agravamiento de este tipo de delitos que, según las organizaciones agrarias, ocasionan un grave perjuicio a las explotaciones agrarias y ganaderas.