La Defensora del Pueblo ha dado la razón a los grupos ciudadanos integrados en la Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua quienes pidieron, en octubre de 2013, acceso a la información ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) para conocer el contenido del Memorándum y los informes y estudios que dieron lugar al mismo o se derivasen de él. El Magrama hizo oídos sordos y ello motivó que la Red presentara una queja a la Defensora del Pueblo, solicitando su intervención.
En la queja argumentaron que la firma del pacto del llamado Memorándum del Tajo en abril de 2013 por parte del Magrama y los Gobiernos de Murcia y Valencia, y la posterior incorporación de sus contenidos en la citada Ley de Impacto Ambiental de diciembre de 2013, afectaban de forma muy importante a la planificación y gestión de la cuenca del Tajo y, por lo tanto, deberían someterse a procesos de participación pública e integrarse en el proceso ordinario de planificación hidrológica.
Y la respuesta de la Defensora «confirma los argumentos de la denuncia ciudadana», según ha comunicado la Red del Tajo en nota de prensa, «al indicar que el anteproyecto de ley, en lo relativo a las modificaciones del trasvase Tajo-Segura y ventas de agua debía haberse sometido a participación pública, y a evaluación de impacto ambiental, sin que fuera suficiente la tramitación parlamentaria dada a una norma con rango legal. Considera que las reglas para la determinación de aguas excedentarias o de explotación del trasvase forman parte de la planificación ordinaria de la cuenca hidrográfica correspondiente, algo que esta Red Ciudadana lleva exigiendo desde hace tiempo».
Por ello, la Red se muestra satisfecha porque la Defensora les dé la razón, «y sería deseable que su opinión sirviera para mejorar la gestión y planificación de la cuenca del Tajo, el río más largo de la Península, con establecimiento de un régimen de caudales ecológicos real, efectivo y claramente justificado, sin excluir a ciudades como Aranjuez, Toledo y Talavera».