La Dirección General de Tráfico (DGT) investiga una posible irregularidad en la concesión del control de los cursos de recuperación de los puntos del carné de conducir, tras una denuncia interpuesta por varios afectados de Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas que aseguran que se amañó con la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).
Un portavoz de la DGT ha confirmado a Efe la apertura de esta investigación interna, tras la publicación hoy en El Mundo de la existencia de una grabación que, según los afectados, demuestra que la subdirectora adjunta de Formación Vial de la DGT, Marta Carrera, apañó los pliegos del concurso público para conceder el control de esos cursos con el presidente de la CNAE, José Miguel Báez, gestor y beneficiario de los mismos desde hace diez años.
Los denunciantes, procedentes de Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana, exigen la expulsión definitiva de la UTE encabezada por CNAE del concurso que se adjudicó en septiembre de 2015 porque en su opinión la grabación demuestra que Carrera y Báez «pactan sin ningún rubor todas las condiciones que serán exigidas a los centros y que posteriormente aparecen en los pliegos técnicos».
Fuentes de la DGT ha declinado dar más detalles sobre la investigación por el momento, pero han precisado que este organismo no obtiene ni beneficios económicos ni de ningún otro tipo con este proceso de adjudicación.
Las fuentes recuerdan que con el último concurso para adjudicar los cursos -en 2015- se rompió por primera vez la concentración en la gestión, al distribuirlos entre más de un operador, a pesar de lo cual los adjudicatarios recurrieron ante el Tribunal Administrativo Centra de Recursos Contractuales o ante la Audiencia Nacional.
Estos recursos han dado lugar a algunos cambios en la adjudicación originaria y aún quedan resoluciones pendientes.
La DGT trabaja desde 2012 para cambiar el modelo de concesiones y hacerlo más abierto, y de hecho elaboró un borrador en este sentido de cara a la última reforma de la Ley de Seguridad Vial, pero su propuesta fue retirada en el trámite parlamentario, según las fuentes.
Por su parte, el presidente de CNAE ha negado, en declaraciones a Efe, que se haya llevado a cabo ningún amaño ni beneficio y ha anunciado que ya ha puesto en manos de los servicios jurídicos de la Confederación este asunto.
Ha reconocido que mantuvo una conversación en con Carrera en el despacho de ésta en el verano de 2013, dentro de la relación normal entre la Administración y cualquier patronal, pero la publicación de la conversación es «sesgadísima».
Báez ha asegurado que esa adjudicación se consiguió tras acudir tres veces al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y tras dieciocho meses de pleitos con la Administración.