La Fiscalía de Cuenca pide 48 años de prisión para Sergio Morate por los asesinatos de Marina Okarinska y Laura del Hoyo en agosto de 2015, en la causa en la que es el único imputado por los dos delitos. Así se recoge en el escrito de acusación facilitado a los medios por la Fiscalía de Cuenca, en el que se piden 23 años por el asesinato de Laura y 25 por el de Marina, con la que Morate había mantenido una relación sentimental.
Asimismo, el escrito de acusación recoge como agravantes el parentesco y la violencia de género, en el caso de Marina, y el de abuso de superioridad en el de Laura.
El ministerio público solicita también una indemnización de más de 500.000 euros para las familias.
Morate será juzgado por un jurado en la Audiencia Provincial de Cuenca.
Las dos chicas desaparecieron el jueves 6 de agosto de 2015, cuando fueron a buscar a casa de Morate, en el residencial Ars Natura de la capital conquense, algunas pertenencias de Marina.
Sus cuerpos fueron encontrados el día 12 en las pozas del río Huécar, en Palomera, semienterradas en cal viva, y Morate fue detenido un día después en Rumanía.
Desde su extradición, a principios de septiembre de ese mismo año, se encuentra en prisión comunicada y sin fianza en el centro penitenciario Madrid VII, de Estremera.
Durante la presentación ante los medios de comunicación del escrito de acusación, el fiscal jefe superior de Castilla-La Mancha, José Martínez Jiménez, ha explicado que las muertes de las chicas ocurrieron en el domicilio del acusado, en un espacio temporal muy reducido, entre las 17:30 y las 18 horas del 6 de agosto de 2015.
En la narración de los hechos, el fiscal ha afirmado tener elementos que indican que las muertes se produjeron «una detrás de la otra», que primero fue el asesinato «por sorpresa» de la que fue pareja de hecho del acusado, «ante la ausencia de signos de defensa o de resistencia en el escenario del crimen o señal en el cuerpo del acusado» y, después, la de Laura del Hoyo.
El fiscal ha opinado que, tras el asesinato de Marina Okarynska -por el que pide una pena de prisión de 25 años-, «inmediatamente después» y «para evitar que fueran descubiertos los hechos que acababa de cometer, dio muerte» a la persona que la acompañaba», Laura del Hoyo.
Por la muerte de Laura del Hoyo, la Fiscalía pide 23 años con el agravante de abuso de superioridad porque la escena del crimen es el domicilio del acusado y «la situación de la víctima aterrorizada con lo que acaba de ocurrir, la diferencia de corpulencia física o envergadura de acusado y víctima hace que ésta se encontrara en una clara situación de inferioridad que fue aprovechada por el acusado para darle muerte».
La diferencia de dos años entre la petición de condena por uno y otro asesinato se debe a que la fiscal jefe Provincial, María Isabel Gómez, ha tenido en cuenta el parentesco en el caso de la muerte de Marina, puesto que la relación de pareja o relación de hecho actúa en los delitos contra las personas como «circunstancia de agravación».
En el caso de que hubiera sentencia condenatoria, el cumplimiento efectivo de la pena será de 40 años de prisión del total de 48 años de condena pedida para Sergio Morate por la Fiscalía Provincial.
Asimismo, ha indicado que finalmente no se ha tenido en cuenta la prisión permanente revisable, solo prevista para los asesinatos de menores de 16 años, o asesinatos cometidos en el seno de una organización criminal, contexto de asesinato sexual o la muerte de más de dos personas.
Una vez conocido el escrito de calificación presentado por el fiscal, con el procedimiento todavía en el Juzgado de Instrucción, el proceso habrá de continuar con la proposición de prueba para el juicio oral que, previsiblemente podría celebrarse antes del verano, en el que 28 testigos pasarán a declarar ante el jurado que se constituya.
En otro orden de cosas, el fiscal jefe superior de Castilla-La Mancha ha indicado que no está prevista la comparecencia del acusado para declarar antes del juicio, como tampoco cabe la posibilidad de que se produzca un cambio de traslado de centro penitenciario.
El acusado se encuentra en prisión preventiva, que tiene una duración máxima de dos años, que se cumplirían en septiembre de 2017, por lo que el fiscal ha opinado que en este caso se «han manejado bien los tiempos», pues ha opinado que el juicio se celebre en un plazo de dos años desde que ocurrieron las muertes es «razonable», en especial ante «hechos de esta gravedad».
Así, ha considerado que se necesita cierto tiempo para que «la conciencia de la sociedad y las personas, jueces, fiscales y abogados que trabajan en el caso tengan todos los elementos y haya cierta serenidad social y un clima de serenidad social que hace que la justicia pueda funcionar con mayor precisión y exactitud».