La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha cedido a Cáritas Diocesana de Toledo seis viviendas públicas en esta provincia para destinarlas a personas y familias sin hogar.
Para ello, han firmado hoy un convenio de colaboración la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, y el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, con el obispo auxiliar y vicario general de la archidiócesis de Toledo, Ángel Fernández, en representación de Cáritas Diocesana de Toledo, según informa la Junta en un comunicado.
Según el acuerdo, la Consejería de Fomento pone a disposición de Cáritas Diocesana de Toledo el uso de viviendas públicas vacantes de la Junta de Comunidades.
En una primera fase, Fomento cede seis viviendas en la provincia de Toledo para el desarrollo del programa «Sagrada Familia», que dirige esta institución con el fin de proporcionar viviendas a personas carentes de hogar, y para el apoyo integral y la cohesión social de Castilla-La Mancha.
El Gobierno regional ha recordado que el apoyo en el desarrollo de este programa de Cáritas se suma a las acciones sociales que está realizando en materia de vivienda, cuyo principal objetivo es facilitar el acceso a la vivienda a las familias castellano- manchegas que más lo necesitan, «cumpliendo de esta forma con el verdadero fin social de la vivienda pública».
Esta iniciativa surge al amparo del decreto aprobado por el Gobierno regional para el aplazamiento temporal de rentas de viviendas en alquiler de promoción directa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Se une a otras medidas adicionales en materia de vivienda, entre las que se encuentra la cesión de uso de viviendas del Gobierno de Castilla-La Mancha a ayuntamientos y otros organismos de carácter público o entidades sin ánimo de lucro para su gestión.
En el ámbito de la vivienda protegida, el Gobierno de Castilla-La Mancha está permitiendo que las familias que realmente necesitan una casa puedan acceder a ella.
De esta forma, se cumple con uno de los objetivos prioritarios del Gobierno regional y es que las viviendas públicas que han sido financiadas con el dinero de los contribuyentes no estén desocupadas, de manera que puedan acceder a ellas familias en situación vulnerable.
Tras el convenio firmado, Cáritas será la encargada de suscribir los correspondientes contratos de alquiler, dando preferencia a personas o familias que estén o pertenezcan a alguno de los colectivos con dificultades.
Se trata de personas desempleadas sin ningún tipo de ingresos o prestaciones sociales; familias con hijos menores su cargo; mujeres víctimas de violencia de género y familias que estén incursas en programas de intervención o integración social, dirigidos o en los que colabore esta institución.