La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene previsto aprobar ayudas de emergencia para las familias que el jueves 5 de noviembre serán desalojadas, por orden judicial, del asentamiento chabolista de «El Cavero» en Olías del Rey (Toledo).
Asentamiento de El Cavero de Olías del Rey (Toledo).
En declaraciones a Efe, el delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás, ha indicado que la Administración regional aprobará unas ayudas de emergencia para las 47 familias que aproximadamente viven en este asentamiento chabolista, de donde deben ser desalojadas debido al estado de ruina del edificio.
Ante esta situación, Nicolás ha recordado que la Junta propuso a la Tesorería General del Estado la compra del terreno en el que se ubica el edificio para poder alojar allí temporalmente a las familias en casas prefabricadas, si bien ha lamentado que no ha habido respuesta por parte del Gobierno central.
La finalidad de la compra del terreno era dar una solución temporal a las personas que serán desalojadas, ha recalcado Nicolás, por lo que ha indicado que, toda vez que no podrá llevarse a cabo esta medida de urgencia, la Junta no tiene interés en la compra de la parcela.
En cambio, ha adelantado que la Junta de Comunidades aprobará una ayuda económica de emergencia, cuya cuantía no ha precisado, para posibilitar que estas familias puedan «buscar una vivienda o alquilar una durante una temporada».
En cualquier caso, ha rechazado la posibilidad de que la Junta se haga cargo del realojo de las 300 personas que aproximadamente viven en El Cavero, ya que «la Junta tiene una lista de peticionarios de vivienda pública y no se puede saltar esa lista, en la que hay gente que iguales o más problemas» que los desalojados, ya que «no sería justo».
Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento de Olías del Rey también tiene que tomar medidas en este asunto, toda vez que los residentes en el asentamiento chabolista están empadronados en este municipio.
Nicolás ha lamentado la posición del Gobierno central en este asunto, pues ha considerado que «no ha tenido voluntad de solucionarlo».
El desalojo de este asentamiento chabolista se producirá el 5 de noviembre y, aunque ya se aplazó en julio y en septiembre, Nicolás ha descartado un nuevo aplazamiento, pues «la secretaria judicial ya ha comunicado a la Junta que es necesario dotar ciertos medios» para realizar el desalojo con seguridad, como una ambulancia y un médico por si hay enfermos, un veterinario para los animales y efectivos de los servicios sociales, por si se precisa la atención a menores.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha informado a Efe de que, cuando la Delegación de la Junta en Toledo propuso la compra del terreno en el que se ubica el asentamiento chabolista, la Administración central indicó que quien tenía competencia para dicha compra y quien, por lo tanto, debía solicitarlo era la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Así, ha indicado que este extremo fue comunicado por carta en la que se detalló el procedimiento a seguir para que se pudiera realizar la compra y de la que asegura no haber recibido respuesta.
Gregorio ha aseverado que la finalidad del Gobierno central es mantener y garantizar la «seguridad absoluta» de todas las familias que viven en El Cavero y ha insistido en la necesidad de desalojar el edificio de la Tesorería de la Seguridad Social, declarado en ruina por un juzgado, para evitar que «ocurra una desgracia».
Asimismo, ha señalado que la competencia en materia de servicios sociales es exclusiva de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, por ello, le ha instado a que organice el realojo de estas familias.
«De lo contrario, estaremos ante una nueva mentira del Gobierno regional», ha concluido.