El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere que la Ley de la Dependencia sea la ‘ley de la independencia’ para este colectivo, con nuevas prestaciones que se podrán contratar cuando la administración no las pueda ofrecer, como en el caso de la figura del ‘asistente personal’.
El director general de Mayores, Discapacidad y Personas Dependientes, Juan José García Ferrer, ha expuesto los objetivos y las novedades que incluye la nueva Orden que recoge el catálogo de servicios y las prestaciones económicas para las personas que necesitan algún tipo de ayuda para su vida diaria.
La prevención de la dependencia con servicios adaptados a las necesidades de cada uno -logopedia, fisioterapia, etc.- que se fomentarán en los futuros centros de mayores y sentar las bases de la atención al dependiente moderado son otras de las novedades que se incluyen en la Orden, cuya redacción se ha hecho con las aportaciones de asociaciones como el Cermi o el Foro de la Vida Independiente, así como de las federaciones de mayores.
Una de las cuestiones que «se potencia mucho», ha explicado el director general, es la concesión de una ayuda económica «vinculada» a la contratación de un servicio cuando la administración no lo pueda ofrecer de forma adecuada.
En este contexto se enmarca la figura del denominado ‘asistente personal’, es decir, que el dependiente pueda «disponer» de una persona («lo normal es que sea a tiempo completo») para lo que el afectado requiera: desplazamientos, acudir al trabajo, a la Universidad o a actividades sociales, ha puesto como ejemplos el director general.
«PROFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y CREACIÓN DE EMPLEO»
Según García Ferrer, la nueva normativa incluye una nueva filosofía de entender la dependencia y supone una apuesta muy importante por la profesionalización de la gestión y la generación de empleo y, sobre todo, «lo que queremos es hacer una Ley de la Dependencia que sea una ‘ley de la independencia de las personas».
Ha reconocido que la figura del ‘asistente personal’ cuesta «mucho dinero» y que las condiciones económicas de la región no están como para dar este tipo de prestaciones a todo el que lo solicite, pero, «sí queremos dejar plasmado el cambio de filosofía».
Sobre cómo quedan en esta nueva normativa los cuidadores familiares, el director general ha dicho que La Ley de la Dependencia establece que los ‘cuidadores informales’ (los del entorno familiar) son excepcionales y lo que debería representar el 10 por 100, actualmente supone una de cada dos prestaciones de la dependencia y lo que quiere la Junta es «cumplir la ley».
No obstante, García Ferrer reconoce que habrá casos en los que el cuidado de un familiar sea la opción mejor, sobre todo en los grandes dependientes, y para ello habrá un equipo en la Consejería para valorar estos supuestos.
Al respecto ha precisado que durante las reuniones que han mantenido para redactar la norma con las grandes federaciones de mayores y las organizaciones de la discapacidad le han «insistido» en que no siempre es la mejor opción que el dependiente esté al cuidado de un familiar.
«TENER MAYOR CONTROL DEL DINERO PÚBLICO»
Preguntado sobre si a partir de ahora aumentarán los trámites y se dificultará el acceso a una ayuda, como ha criticado el PSOE, García Ferrer ha señalado que lo que se pretende es garantizar la calidad de la asistencia y tener un «mayor control del dinero público» para evitar que se siga cobrando aun cuando el dependiente haya fallecido y supervisar esto «nos supone mayor trabajo», pero, lo que estaba ocurriendo «no es de recibo».
El director general ha negado que con esta Orden se persiga abaratar costes, ya que la partida para la dependencia en la región en 2014 es de unos 400 millones, más que la de 2013, una de las cuantías mayores de una comunidad respecto a su PIB, según García Ferrer.
«El mismo dinero que se estaba entregando para prestaciones económicas en el ámbito familiar es la cantidad que se dará para prevenir o promover su independencia», ha manifestado.
Además, ha precisado que actualmente hay en las residencias de Castilla-La Mancha un millar más de dependientes que en julio de 2011, lo que ha sido posible al trabajo «bien hecho», a pesar de que el ajuste ha sido significativo.