El Consejo de Gobierno regional ha autorizado la impugnación de los planes hidrológicos del Tajo, Júcar, Guadiana y Segura aprobados por el Ejecutivo nacional el pasado 19 de enero, unos planes que «no garantizan el agua para la región y que la perjudican gravemente», ya que «no se respeta el principio de equidad de las cuencas y las restricciones son para Castilla-La Mancha». Así lo ponía de manifiesto la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, quien ha presentado esta decisión jurídica en rueda de prensa junto al consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo.
Elena de la Cruz y Francisco Martínez Arroyo.
En términos generales, desde la Junta se indica que estos planes presentan un problema medioambiental al no garantizar los caudales ecológicos, limitándose a establecer unos caudales mínimos, lo que incumple la directiva marco del agua y los requisitos de la Red Natura 2000. En virtud de ellos, la comunidad «no cuenta con el agua suficiente para garantizar su desarrollo económico» y es que, ponía de ejemplo, «si hay sequía quien debe sufrir las restricciones son los usuarios del Tajo y no los del trasvase». Entiende que «se está atacando a Castila-La Mancha» con una situción «tremendamente injusta».
Estos recursos serán presentados ante el Tribunal Supremo y, respecto a plazos, se estima que su resolución se prolongue entre un año o dos años, un tiempo en el que seguirá estando vigente la configuración hidrológica del Gobierno de Mariano Rajoy.
De manera más pormenorizada, concretaba que en el plan de la cuenca del Segura no se aseguran los estudios para saber si hay agua suficiente en los acuíferos confinados o en Murcia y Albacete; «se traslada el déficit de la cuenca al plan hidrológico nacional y se aprueban unos condicionantes mucho más rigurosos, que hacen que gran parte de las masas de agua se puedan declarar en riesgo».
De la cuenca del Júcar, el Ejecutivo de Emiliano García-Page denuncia que se incluyen cuencas intracomunitarias que «perpetúan los trasvases encubiertos» y hacen que el sistema se convierta en deficitario de forma artificial.
«Nace como un plan totalmente intervenido y sujeto a los intereses particulares de otras regiones». Con estas palabras valoraba la consejera el plan relativo a la cuenca del Tajo. Añadía que, además de no garantizar el agua en calidad y cantidad para el tramo medio a su paso por Castilla-La Mancha, las restricciones se perpetúan en la cuenca cedente y en ningún momento se trasladan a la receptora. «Esta presión no se tiene en cuenta, es como si el trasvase no existiese en la planificación». Lamenta igualmente que, por ello, no se cumplen los objetivos medioambientales.
Ha explicado que la inclusión del real decreto, con el que se regulan las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, al plan hidrológico nacional no ha hecho otra cosa que introducir «la trampa» para, «de forma artificial, declarar unos excedentes de agua que no son reales». Por ello, junto al plan, De la Cruz ha apuntado que también se recurrirá ese real decreto porque «quiebra el principio de equidad de la cuenca cedente, impone un régimen no natural al río y porque el umbral de sequía se impone solo a la cuenca cedente».
LOS RIESGOS PARA LA AGRICULTURA
Por su parte, Martínez Arroyo ha ahondado en las consecuencias que tendrán estos planes para la agricultura de la región. Tras resaltar el esfuerzo que ha hecho este colectivo por mejorar la eficiencia de sus riegos y la importancia del agua para este sector -«en Castilla-La Mancha el 91 por 100 del agua utilizada tiene uso agrario»-, ha puesto de manifiesto que la asignación de las dotaciones «es insuficiente para las necesidades de la región». Po rotro lado, ha señalado que la normativa prevista en los planes impide en muchos caos el desarrollo de la figura de regadíos sociales y que, en la cuenca alta del Guadiana, continúan sin regularizarse alrededor de 1.200 pozos, cuestión que «volvemos a reclamar».
«Todo esto tiene que tener una finalidad: compatiblizar el desarrollo económico y de la agricultura con la preservación del medio ambiente. La Junta estará atenta a que se cumplan ambas cosas», ha concluido.