La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ha remitido una circular a los directores de centros educativos de la comunidad en la que expone que la convocatoria de huelga estudiantil de los días 16, 17 y 18 de octubre no puede considerarse como tal, sino «mero absentismo escolar».
La circular, firmada por el director general de Recursos Humanos y Programación Educativa, José Jaime Alonso, recuerda a los directores que los alumnos de ESO y Bachillerato llamados a la huelga, no están sujetos a relación laboral alguna, y muchos de ellos son menores de edad.
Por ello, les traslada «la necesidad de que se tomen las medidas necesarias para que el normal desarrollo de las actividades lectivas de su centro se vea afectado lo menos posible».
Educación ha remitido a los directores una autorización que los padres deben firmar en caso de que autoricen a sus hijos menores de edad a no asistir a clase.
Asimismo, les recuerda que su deber como directores es «velar por el buen funcionamiento del centro además de garantizar la actividad educativa».
A este respecto, el consejero de Educación, Marcial Marín, ha explicado a los periodistas que su departamento ha dicho a los directores de los centros escolares «que no les engañen con ese derecho», pues no existe ninguna relación laboral.
Marín ha mandado un mensaje de tranquilidad a los padres y madres de alumnos y ha asegurado que quienes vayan a clase «van a tener normalidad educativa, estarán todos los profesores y los centros cien por cien operativos.
Además, ha indicado que no se han sumado a «ese derecho de huelga, entre comillas» todos los sindicatos de estudiantes, pues hay «asociaciones de estudiantes muy representativas» que no lo han hecho.
Tampoco tiene constancia el consejero de que asociaciones de padres y madres de Castilla-La Mancha hayan hecho un llamamiento a la huelga, convocada por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres (CEAPA).
El Sindicato de Estudiantes, convocante de la protesta, ha considerado al respecto que este escrito es un intento de la Consejería «coartar los derechos de los estudiantes» a través de «la represión».
El colectivo ha citado la Ley Reguladora del Derecho a la Educación, que determina que «las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión».
«En este artículo queda meridianamente claro que somos los estudiantes y no los padres los que tenemos el derecho a faltar a clase, es decir a hacer huelga», ha añadido el Sindicato de Estudiantes, que ha pedido la dimisión inmediata de José Jaime Alonso.