La Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha licitado en los últimos días el aprovechamiento cinegético en seis cotos de caza de la provincia de Ciudad Real que pertenecen a la comunidad autónoma por un importe de salida de 182.000 euros.
La Junta ha comenzado así a hacer efectiva la desafectación de la condición de régimen de zona de caza controlada y de coto social de caza en los montes de su propiedad en la provincia de Ciudad Real.
De esta manera, Castilla-La Mancha dejará de gestionar la caza en estos terrenos, cuya gestión, a partir de ahora, pasaría a manos privadas tras su adjudicación pública.
En concreto, en la provincia de Ciudad Real, según la información a la que ha tenido acceso Efe, ha salido a licitación el aprovechamiento cinegético en el monte Gómez Ibáñez, en el término municipal de Abenójar, con un presupuesto base de licitación de 10.000 euros, mientras que en el término municipal de Puebla de Don Rodrigo la Junta ha ofertado el monte Riofrío por un importe de 50.000 euros.
En los términos municipales de Almuradiel y Viso del Marqués, el Gobierno regional ha sacado a licitación pública el monte Peñas Negrillas, Labradillos y Tolmillos, y el monte Valdeladrones por un importe de 50.000 euros y 20.000 euros, respectivamente
La Junta también ha licitado en Piedrabuena el monte Nuestra Señora del Rosario con un presupuesto base de licitación de 24.000 euros y, en los términos municipales de Brazatortas y Cabezarrubias del Puerto, el monte Garganta y Ojuelos por 28.000 euros.
En la provincia de Ciudad Real, la caza pasará a ser gestionadas por manos privadas en 17.619 hectáreas de terreno, la extensión que ocupan los seis cotos afectados por esta medida.
Según aseguró hace unos meses la Consejería de Agricultura, la desafección de estos territorios conllevaba la protección, conservación y fomento de todas las especies cinegéticas que poblaban esos espacios naturales.
La decisión de la Consejería de Agricultura argumento entonces que dejar de gestionar la caza estaba justificado en el hecho de que suponía un gran esfuerzo económico para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En este sentido, la Junta considera que los costes que se derivan de facilitar el ejercicio de la caza en estos terrenos y los escasos ingresos que aportan las cuotas de entrada y complementarias que han de abonar los cazadores para la obtención de sus permisos y liquidación por las piezas abatidas no cubren los gastos que, ahora, no puede asumir la comunidad autónoma.