La Junta de Castilla-La Mancha ha interpuesto un contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno de España de poner en marcha varios contratos de cesión de derechos entre regantes de Estremera y La Poveda, ambos en Madrid, y 22 comunidades de regantes integradas en el Sindicato Central de Regantes (Scrats) del Levante.
El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, destacaba los cinco argumentos jurídicos en contra de esta decisión y puntualizaba que esta decisión «resulta tremendamente lesiva para nuestra región».
La Junta considera que es improcedente la cesión de estos derechos por haberse realizado obras de transformación dentro del Plan Hidrológico del Tajo.
Por otra parte, «resulta injustificable que se diga que, por un lado, es necesario invertir y a su vez se intente justificar la cesión de agua».
Estiman que se vulnera el principio de preferencia de cuenca cedente así como el derecho de adquisición preferente.
A lo que hay que sumar que «se ha producido una omisión de la solicitud del informe de esta Administración» y un «exceso de volumen autorizado», es decir, la ley determina que el volumen máximo susceptible es de 3,7 hectómetros cúbicos, mientras que lo cedido asciende a 13 hectómetros cúbicos, «cuatro veces más», denuncia el portavoz del Gobierno, quien criticaba «este mercadeo de derechos que solamente perjudica a los que tienen poder adquisitivo y perjudica a profesionales y agricultores».