El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha asegurado hoy que el anteproyecto de ley antifracking aprobado esta semana «no invade parcelas constitucionales ajenas a las que competen a la comunidad autónoma» y tendrá carácter retroactivo.
En la rueda de prensa de los miércoles para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Hernando ha ampliado la información que ya adelantó ayer el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, sobre la toma en consideración del citado anteproyecto de ley.
Se trata de un texto normativo por el que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y el medio ambiente para la investigación, explotación o exploración de la fractura hidráulica como método de extracción de gases del subsuelo.
Así, impone estrictas medidas de protección de la salud pública y el medio ambiente que, en la practica, harán imposible para las empresas el desarrollo de esta forma de extracción de gas que, según ha dicho Hernando, en otras partes del mundo ya se han demostrado sus efectos negativos.
Entre otros requisitos, los proyectos de empresas deberán ir acompañados de un estudio que detalle aspectos geológicos del emplazamiento elegido y evalúen la calidad del agua y del aire, el nivel de sismicidad natural, la presencia de metano y los usos del suelo o la biodiversidad que podrían verse potencialmente afectados.
Asimismo, tendrán que garantizar la integridad del pozo mediante un diseño o una construcción adecuadas y con pruebas de integridad que habrán de ser evaluadas por un tercero independiente y cualificado para garantizar el rendimiento operativo del pozo, así como la seguridad ambiental y sanitaria en todas las fases del proyecto, también después de la clausura del pozo, para impedir fugas o derrames al suelo, el agua o el aire.
Se tendrán que presentar además planes de gestión que detallen los recursos hídricos necesarios para el proyecto y su procedencia, y quedarán excluidas las fuentes de agua con problemas de escasez.
Deberán incluir medidas para prevenir o mitigar los impactos producidos por emisiones atmosféricas, la contaminación acústica, el tránsito de vehículos y la consiguiente emisión de gases, y el almacenamiento en superficie de los fluidos de retorno, su tratamiento y destino final.
La ley obligará a las empresas a parar los trabajos o adoptar medidas correctoras en los casos de accidentes o problemas de seguridad del pozo, así como a realizar un seguimiento periódico de la instalación durante y después de cada operación.
Se podrá solicitar también una evaluación de impacto en salud y una garantía financiera que cubra las condiciones de la utilización y las responsabilidades potenciales por daño al medio ambiente.
Hernando ha subrayado que la ley tendrá carácter retroactivo, lo que implica que afectará a las autorizaciones ya concedidas o en tramitación, incluidos, ha dicho, los permisos de investigación concedidos por el anterior Gobierno regional en municipios de Albacete, Guadalajara y Ciudad Real.
Además, todo proyecto que se presente deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno, mediante un decreto, y estará supeditado al cumplimiento de un plan estratégico sectorial que acompañará a la ley y que se está elaborando en colaboración con la población afectada por los proyectos, ha explicado Hernando.
Este plan, ha continuado, recogerá una evaluación de riesgos y una zonificación del territorio que diferenciará las zonas en las que estará restringido el fracking con el fin de proteger la salud y el medio ambiente, así como sectores estratégicos para la región como la agricultura y la ganadería.
Hernando ha señalado que, con esta ley, en Castilla-La Mancha será más difícil explotar un proyecto de fracking que «darse de baja en una compañía telefónica».