El juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo ha anulado la multa de 500 euros impuesta en julio de 2012 por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha al responsable del sector autonómico de la FSC-CCOO CLM, Ramón González, por manifestarse en contra del despido de interinos que tramitaba en aquel momento el Gobierno de Cospedal. El juez condena además en costas a la Delegación del Gobierno y recuerda a Jesús Labrador que «nuestra Constitución le obliga a respetar el Derecho de Defensa de aquellos a los que sanciona».
Así lo explicaron en rueda de prensa el propio González y la secretaria general de la FSC-CCOO CLM, Carmen López, que han agradecido el trabajo de los servicios jurídicos del sindicato. Han calificado como «muy importante» la mencionada sentencia y han lamentado que no pueda hacerse extensiva a las otras 79 personas que fueron multadas por Labrador en un mismo día y por el mismo procedimiento, «calcado milimétricamente». La mayoría de los sancionados pagaron las multas para evitar «los costes personales y económicos que implicaba meterse en recursos»
Labrador, que comenzó la legislatura como consejero portavoz del gobierno regional, pasó pronto a la Delegación del Gobierno, «desde donde emprendió de inmediato una campaña de acoso y derribo a los sindicalistas y a los trabajadores que se movilizaban para tratar de frenar los despidos de empleados públicos y el desmantelamiento de los servicios públicos que llevaba a cabo el Gobierno de Cospedal», explicó González.
El sindicato informa de que «Labrador impuso cientos de multas a personas que acudían a manifestaciones en defensa de la sanidad pública, de la enseñanza pública o contra el despido de interinos. Más multas que en toda la etapa democrática hasta su llegada a la delegación del Gobierno, como en su momento denunció el secretario general de CCOO CLM, José Luis Gil. Y casi siempre, como en la sanción ahora anulada, sin respetar el derecho de defensa de los sancionados».
«Por la vía de la sanción administrativa, seguía una estrategia de demonización de quienes protestaban, especialmente de quienes protestaban contra los desmanes del Gobierno Cospedal, como era el caso de CCOO. Todo, para criminalizar la protesta», explicó González.
«El tiempo pone a cada uno en su sitio. Nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra actuación, otros quizá debieran disculparse ahora», ha añadido, en referencia a los ataques lanzados desde CSIF a CCOO por advertir a los empleados públicos contra las políticas del PP en relación al empleo público y a la administración autonómica.
«La hemeroteca es esclarecedora», ha indicado. «Cuando CCOO denunció públicamente los planes del PP respecto a la administración pública, CSIF salió avalando a este partido y exigiendo a CCOO que rectificara. Cuatro años después, se han destruido 15.000 puestos de trabajo en la Administración de Castilla-La Mancha».
«Decían que iban a racionalizar la administración y lo que han hecho es cargársela. Decían que los empleados públicos podían estar tranquilos y se han pasado cuatro años temblando. Decían que iban a regularizar a los interinos; y los han ‘regularizado’ por la vía del despido».
«Por denunciar esto, hemos recibido muchas críticas –añade Carmen López-; incluso de otros sindicatos. Hoy debieran disculparse ellos. Esta legislatura ha sido, lamentablemente, tal y como nos temíamos y anunciamos. Por eso nos movilizamos y por eso nos sancionaron: por defender a los empleados públicos y a los servicios públicos».