La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha expresado su «rechazo frontal» a la implantación del llamado «cheque de ayuda a domicilio» anunciada por el director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes, Juan José García Ferrer. En nota de prensa, este colectivo sostiene que supone la «entrega directa de este servicio al sector privado».
Argumenta que «lo que la consejería presenta como algo novedoso es una vieja aspiración ideológica del Partido Popular con el fin último de desvincular cualquier obligación de asistencia por parte de la administración a las personas mayores y en situación de dependencia».
La plataforma insta a García Ferrer a explicar cuál será la cantidad de dicho cheque, cuál será la cantidad real que cobrarán las empresas del sector a los posibles usuarios y qué pasará cuando esa cuantía no cubra el coste y la persona que lo necesite no pueda asumir el pago.
Creen que serán las empreass las que elijan y seleccionen a sus «clientes» en función de su disponibilidad económica y «nos cuesta creer que una empresa ofrezca los servicios de ayuda a domicilio que ahora prestan los ayuntamientos a un coste asumible para el beneficiario, sobre todo en pueblos con población escasa o apartados de nucleos importantes».
Añade que «medidas como estas demuestran lo que va a suponer la futura ley de régimen local, en la que se va a dejar a la mayoría de las personas dependientes de nucleos rurales en el más absoluto abandono».
La plataforma dice que, «una vez más», el Gobierno de Mariano Rajoy, «a través de sus comunidades autónomas», «vuelve a quitarse la careta y deja ver su verdadera intención: desligar cualquier responsabilidad por parte de la administración ante las personas que se encuentran en situaciones muy vulnerables como son los dependientes; todo ello, como suele hacer siempre, apoyándose en supuestas colaboraciones con entidades que parece que se prestan a lavar la cara del Ejecutivo».