La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha denunciado las nuevas revisiones en el Programa Individual de Atención (PIA) que ha aplicado la Consejería de Asuntos Sociales y que suponen la retirada o la rebaja de prestaciones económicas a niños dependientes.
El presidente de la Plataforma regional y portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, José Luis Gómez-Ocaña, ha señalado en un comunicado que han tenido constancia de esas retiradas o rebajas tras recibir los expedientes con las prestaciones económicas a niños grandes dependientes y en edad escolar.
Ha lamentado la actitud del Ejecutivo regional hacia los dependientes, y en particular hacia los niños, al indicar que «se vuelve a repetir su política canalla, inhumana y posiblemente ilegal» tras recordar la denuncia de un niño con parálisis cerebral severa y una niña con peligro de muerte si se quedaba dormida.
Así, ha incidido en casos de niños que asisten a centros de enseñanza reglada a los que se les ha rebajado la prestación, pese a ser grandes dependientes, como el de un niño de 16 años con Síndrome de Leia de la cadera respiratoria o una niña de 11 años con Encefalopatía epiléptica de carácter ideopático.
Un hecho que se repite, en dependientes severos, con una niña de 8 años con Síndrome de Down y otra de 4 años también con Síndrome de Down con cardiopatía e hipotiroidismo.
Ha denunciado, asimismo, la pérdida de toda prestación para una niña de 8 años con Hidrocefalia y espina bífida, y tras revalorizar de oficio como dependiente moderada, o de la mitad de la ayuda a un niño de 12 con Parálisis Cerebral con Síndrome de West.
«Todos estos ejemplos son revisiones de oficio de prestaciones realizadas por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales sin aviso previo y sin modificación de las condiciones originales en las que se dio la prestación que por ley les correspondía», ha lamentado.
Unos hechos que, ha reseñado Gómez-Ocaña, «confirman la política de retirada y estrangulamiento» de la atención a los dependientes, y en particular a los niños, que «se les penaliza por asistir a un centro educativo en una edad en la que la escolarización es obligatoria, y adaptada a sus características y necesidades».
Ha ampliado que esas revisiones «están comenzando a ser declaradas ilegales por los Tribunales de Justicia» por sentencias que «estiman en su totalidad los recursos interpuestos contra las revisiones de grado de dependencia y las prestaciones».
Ante esto, José Luis Gómez-Ocaña ha instado «una vez más» a una reunión con la presidenta regional y el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales «para cortar de forma inmediata esta sangría, que es especialmente cruel cuando se trata de niños».