La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia en Castilla-La Mancha afirma que la Consejería de Bienestar Social sigue reclamando a los dependientes cantidades cobradas indebidamente por incompatibilidad de prestaciones, pese a que en base a un legislación que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha declaró nula de pleno derecho tras un recurso interpuesto por este colectivo.
Así lo exponen en un comunicado dirigido a encastillalamancha.es para responder a las afirmaciones de la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en la entrevista publicada hoy en este periódico, en la que recuerda que se llevan pagados más de 100.000 euros en indemnizaciones por este motivo. La consejera también asegura que la Plataforma se ha obcecado con las prestaciones económicas como única vía para ayudar a los dependientes y que hay que tener en cuenta la opinión de los servcios sociales, que son quienes recomiendan si la mejor opción es económica, ayuda a domicilio, plaza residencial u otras. En opinión de esta asociación es «sonrojante que la señora Sánchez hable de sentencias judiciales cuando se siguen enviando cartas. La última que ha recibido esta asociación tiene fecha de junio de este año».
«NO ADMITIMOS QUE EL TRABAJADOR SOCIAL SEA EL ÚNICO QUE DECIDA»
La Plataforma no admite que «el trabajador social sea el único que decida lo que es mejor o no para el usuario, máxime cuando en la mayoría de los casos está primando un mal entendido interés corporativo en la defensa de sus puestos de trabajo por encima de los deseos del interesado».
«NUNCA ESCUCHAMOS LEVANTAR LA VOZ A LA CONSEJERA»
En términos muy duros se manifiesta la Plataforma cuando asegura que los momentos más duros de su lucha contra las decisiones de la Administración Cospedal «nunca la escuchamos levantar la voz en defensa de los que ahora llama los más vulnerables, ni siquiera sabíamos de su existencia, al cobijo de su seguro puesto de trabajo en la función pública».
El colectivo asegura también que «la parada de las revisiones de oficio que realizó el Ejecutivo anterior se produjo en 2014, y fue como consecuencia de las denuncias constantes que realizó esta Plataforma, tanto ante los medios de comunicación como ante la Defensora del Pueblo y la Fiscalía General del Estado. No parece muy honesto, políticamente hablando, atribuirse unos méritos que de ninguna manera la corresponden».
El colectivo insiste en que «a día de hoy se sigue obligando a los dependientes a acudir a los tribunales para restituir» los derechos que la sentencia del TSJCLM les otorgaba. Desde esa Consejería no se ha movido un dedo para devolver de oficio todo lo que esa legislación ilegal arrebató en torno a 16.000 dependientes.»
«A ESTE RITMO LA LISTA DE ESPERA TARDARÁ 8 AÑOS EN DESAPARECER Y MIENTRAS MUEREN DEPENDIENTES SIN ATENDER»
Además, añade que «la consejera de Bienestar Social sigue retorciendo los datos del Imserso, de igual manera que hacía su antecesor señor Echániz. El periodo de cómputo para hacer balance de su gestión debe ser desde el 31 de mayo de 2015, al igual que hacía el partido que sustenta este gobierno en la legislatura anterior. En los 11 meses que lleva al frente de esta Consejería, no son 5.000 expedientes menos en lista de espera, sino 3.098, por lo que a este ritmo incumplirá la promesa electoral que el señor Page hizo en campaña electoral. Con estos números la lista de espera en dependencia, en la que siguen muriendo dependientes sin atender al igual que con Cospedal, tardaría casi ocho años en desaparecer».
La Plataforma cree que la consejera no admite críticas y que actúa ante ellas como «Echániz, Riolobos o Cospedal» y agregan que Aurelia Sánchez desconoce lo firmado por todos los partidos políticos, menos el PP, sobre dependencia antes de las elecciones autonómicas de 2015 «porque en aquella época ella ni siquiera conocía la realidad de este colectivo, pero dado el cargo que ocupa y que a él se llega aprendida, al menos debería ser prudente en las manifestaciones que realice».
En el escrito remitido a encastillalamancha.es y firmado por la Junta Directiva de la Plataforma, se lamentan de que nunca han oído decir a la consejera de Bienestar Social que «fue nuestra Plataforma la que tuvo que dar el paso adelante que nadie se atrevió a dar» para tumbar la Orden de Dependencia del Gobierno anterior, una tarea que aseguran que implicó «riesgo personal para muchos de sus miembros».