La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha emitido un comunicado en el que informa del contenido de su reunión con la directora general de la Consejería de Bienestar Social, concluyendo que esta ha aceptado todas su demandas, «mostrando una excelente predisposición». La Plataforma insta al nuevo Gobierno regional a que revierta la situación por completo en el ámbito de la dependencia tras la gestión del Partido Popular en la legislatura anterior.
La Plataforma asegura que la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha recogido todas sus
en lo relativo a las prestaciones de dependencia.
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, asociación que aglutina al colectivo de personas dependientes de la comunidad, ha mantuvo una extensa reunión con la directora general de dependencia de la Consejería de Bienestar Social así como con técnicos de la misma.
La reunión sirvió para poner sobre la mesa «todas los puntos que son irrenunciables en la nueva normativa de atención a las personas en situación de dependencia», afirma la Plataforma.
La asociación recuerda que esta, «tras más de cuatro años de trabajo intenso en la defensa del colectivo de dependientes, había conseguido que la justicia declarara nula de pleno derecho la normativa que se había aplicado en nuestra comunidad y que tanto dolor y sufrimiento ha producido».
En este contexto, recuerdan «los más de 5.000 dependientes fallecidos esperando a ser atendidos, los casi 6.000 expedientes pendientes de ser incluidos, las casi 10.000 familias a las que se las ha hurtado la prestación económica para poder atender de forma digna a su familiar dependiente».
«PUNTOS IRRENUNCIABLES»
Los puntos irrenunciables que la Plataforma puso sobre la mesa fueron los siguientes:
«La eliminación de las incompatibilidades de prestaciones y que tanto desamparo, sufrimiento y desatención han traído durante la legislatura anterior; respeto de las prestaciones económicas consolidadas por parte de las personas en situación de dependencia y que el anterior ejecutivo ha obviado saltándose cualquier ordenamiento jurídico; derecho efectivo por parte de la persona dependiente o sus familiares, en
su caso, para poder recibir la prestación o servicio que más se ajuste a sus necesidades, de tal manera que la propuesta de atención que reciba se haga de forma consensuada entre el beneficiario y los trabajadores sociales (hasta ahora era la antigua dirección general de personas mayores, discapacidad y dependencia la que daba las instrucciones para, de forma unilateral, se emitieran las resoluciones de atención que ordenaba, saltándose los informes de los propios trabajadores sociales).
También «el pago regular, en los primeros días de cada mes, de las prestaciones económicas; la eliminación de todas las barreras burocráticas, sobre todo del «fantasma del equipo de valoración y que nunca existió,
que impuso el anterior gobierno para impedir que las personas dependientes pudieran acceder a las prestaciones económicas que por ley le correspondían; y el aumento de 7 a 45 días de las estancias residenciales temporales para las personas dependientes cuando por razones de salud, respiro o formación lo necesite la persona encargada de su cuidado».
«TODOS MENOS EL PP»
Según la Plataforma «todos estos puntos estaban recogidos en el compromiso firmado por todos los
partidos que concurrieron a las pasadas elecciones autonómicas, excepto por el PP, en el Pacto por la Dependencia, promovido por nuestra asociación»; asimismo también hemos puesto sobre la mesa el cumplimiento del programa electoral en relación a la dependencia del partido que gobierna».
Insiste la Plataforma en que «desde la Dirección General de Dependencia de la Consejería de Bienestar
Social se han aceptado todas estos puntos, mostrando además una excelente predisposición al trabajo conjunto en el desarrollo final de la nueva normativa que devuelva la atención adecuada y la dignidad personal que el anterior gobierno había arrebatado a las personas en situación de
dependencia».
Por último, expresan que «en esta reunión también hemos manifestado la necesidad, tal y como se
comprometió el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de derogar de forma urgente
el Decreto que establece el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y que ha sido uno de las normativas más indignas y lacerantes, y han sido muchas, promulgadas por el
extinto gobierno de Cospedal»