La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha ha denunciado que el Gobierno regional ha incluido nueve normas en la resolución de prestación de dependencia con un niño de 13 años, pese a que la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales le había reconocido un grado máximo.
Según informa la Plataforma castellanomanchega en un comunicado, la Consejería ha dictado por escrito una resolución de prestación contraria a derecho a un niño de 13 años cuando había asumido el concederle el grado máximo de dependencia.
De tal forma, ha indicado, que incumple la legislación que el propio Ejecutivo regional promulgó en mayo de 2013, en dos artículos del Programa de Atención Individualizada en los que se refleja que «se elaborará una vez se haya resuelto y comunicado al interesado la resolución de su grado de dependencia».
Ha precisado que el Gobierno regional ha resuelto su prestación 26 días antes de resolver el grado, ya que la fecha es de 3 de enero de 2014 y, sin embargo, «el reconocimiento de su grado III de dependencia tiene fecha de 29 de enero, y todo ello en resolución oficial de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales».
La actuación también vulnera, según la Plataforma regional, cinco artículos de la Ley de Dependencia y, además, «incurre en los vicios de nulidad previstos en el artículo 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en sus apartados a) y b)».
Por ello, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha puesto a disposición de la madre del niño un recurso de alzada y, subsidiariamente, un recurso de nulidad.
«Con esto se demuestra la verdadera intención del Ejecutivo regional en relación a los derechos de las personas en situación de dependencia, que no duda en incumplir la legislación vigente con tal de despojar a este colectivo de las prestaciones que por ley les corresponde», ha lamentado.