La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno regional, tras la retirada del recurso ante el Tribunal Supremo por la anulación de la orden sobre dependencia, que revise las modificaciones de 15.000 planes individuales de atención (PIA).
En un comunicado, la plataforma ha valorado que en el día de ayer, 23 de julio, el Tribunal Supremo comunicó la retirada efectiva por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha del recurso que interpuso el anterior Ejecutivo regional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que declaró nula de pleno derecho la legislación que en materia de prestaciones en dependencia había sido aplicado durante los dos últimos años.
Por lo tanto, ha señalado que, debido a la retirada del recurso, la sentencia del TSJCM es firme y conlleva que la legislación que regula las prestaciones y servicios a los que tienen derecho las personas en situación de dependencia es la orden de 23 de diciembre de 2010, «mucho más beneficiosa y sensible con las necesidades de este colectivo», según la plataforma.
Por ello, ha pedido al Gobierno regional que revise todas las modificaciones o nuevas resoluciones de Plan Individual de Atención a los dependientes hechas desde el 8 de agosto de 2013 -fecha en la que entró en vigor la orden anulada-, unas 15.000 según la plataforma, que ha calculado que la medida tiene un coste estimado de unos 17 millones de euros.
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha afirmado que espera con atención el comienzo de oficio de «esas reposiciones de prestación y servicios» que a su parecer «nunca debieron ser revisadas o retiradas».
Asimismo, se ha puesto a disposición de la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, para comenzar a elaborar de «forma urgente» una nueva normativa que respete el Pacto por la Dependencia firmado por los partidos políticos antes de las elecciones.